El 80% del ajuste en 2024 recayó en el gasto social, educación, cultura y energía

09 de enero de 2025

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal analizó los datos surgidos de información disponible hasta el momento de la Administración Pública Nacional (APN).

Un informe privado sostiene que durante 2024 el gasto de la Administración Pública Nacional (APN) registró una caída de 4,2 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Así lo señala en un estudio difundido por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)

El reporte trata de aproximarse a la magnitud del ajuste, aun teniendo en cuenta que faltan algunos días para disponer de las cifras finales de 2024, cuando el Ministerio de Economía difunda el resultado del Sector Público Nacional (SPN), que incluye la totalidad de la administración del Estado.

“Del análisis por finalidad del gasto, surge que de las 29 identificadas, solamente 3 tuvieron un aumento de su peso relativo entre los años 2023 y 2024 y otras 4 mantuvieron el peso relativo de 2023”, señala el reporte. E indica que “las 22 finalidades restantes registraron descensos, siendo los más grandes los de Promoción y asistencia social, Seguridad social, Educación y cultura, Energía, combustibles y minería, Transporte y Relaciones interiores”.

“Entre estas 6 finalidades aportaron un 80% de la reducción del peso relativo del gasto de la Administración general en términos del PBI”, destaca al trabajo.

En detalle se observa que el gasto en promoción y asistencia social se contrajo el equivalente al 0,78 puntos del PBI; seguridad social, 0,66; educación y cultura, 0,58; y energía y combustiones, 0,52 puntos.

“El Gobierno nacional llevó adelante una significativa reducción real del nivel de gasto público durante el año 2024. En este análisis se cuantifica esa reducción en relación a la economía, es decir lo sucedió con el gasto público como porcentaje del PBI”, señala el reporte.

Es de recordar que la APN involucra solo a la administración central. En cambio el SPN completo incluye a la ANP, organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social, las universidades públicas y las empresas estatales.