Al cumplirse cinco años de la sanción de la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral (EAI), que junto a la Ley Yolanda constituyen el marco normativo actual para la enseñanza del tema en las aulas argentinas, Educación Debate recorre algunas de las experiencias que se desarrollan en el país.
La implementación de ambas normas está atravesada por el ajuste constante del presupuesto educativo a nivel nacional. De hecho son las provincias las que trabajan para sostener los contenidos ambientales.
La Ley de Educación Ambiental Integral N.º 27.621 fue el resultado de décadas de reclamos de las organizaciones ambientalistas. Sancionada por el Congreso el 13 de mayo de 2021 y promulgada apenas unos días después, el 1° de junio de ese mismo año, cuenta con una reglamentación que estableció los mecanismos para que los contenidos lleguen efectivamente a las currículas de todo el país.
Desde el 3 de junio de 2021, cuando quedó oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, establece que todos los estudiantes, desde el nivel inicial hasta el superior, tienen derecho a una educación que promueva la preservación del ambiente como un valor fundamental. Pero, ¿quién educa a quienes toman las decisiones? Allí entra en juego la Ley Yolanda (N.º 27.592).
LEY YOLANDA: FORMAR AL ESTADO PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD
Sancionada el 17 de noviembre de 2020, la Ley Yolanda rinde homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y América Latina (designada en 1973).
Su objetivo es revolucionario por su obligatoriedad: impone la capacitación integral en ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado.
En lo que va de 2026, la ley permitió que miles de agentes estatales incorporen una perspectiva ambiental en la planificación de obras públicas, licitaciones y marcos regulatorios.
La Ley 27.21 establece que todos los estudiantes, desde el nivel inicial hasta el superior, tienen derecho a una educación que promueva la preservación del ambiente como un valor fundamental.
EL ROL DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO
Uno de los puntos de mayor debate en el ciclo lectivo 2026 es el rol del Ministerio de Capital Humano que absorbió la Secretaría de Educación y la inversión específica en educación ambiental sufrió una contracción real.
Según informes de organizaciones civiles como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Presupuesto 2026 muestra una reducción en las partidas destinadas a programas transversales de ambiente en educación, priorizando fondos hacia el Plan Nacional de Alfabetización y vouchers educativos.
Esta "retirada" financiera de la Nación dejó la ejecución de la Ley EAI casi exclusivamente en manos de las provincias, que deben financiar sus propios recursos pedagógicos con presupuestos ajustados.
PROVINCIAS CON PROGRAMAS PROPIOS Y LEYES ESPECÍFICAS
Aunque la ley nacional unifica criterios, varias jurisdicciones ya contaban con trayectoria previa o avanzaron en programas distintivos:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es pionera con su propia Ley de Educación Ambiental (N.º 1687) desde 2005. Su programa emblema es Escuelas Verdes, que en 2026 continúa proveyendo recursos pedagógicos y promoviendo la gestión ambiental en las aulas.
La Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Ambiente, impulsa la transversalización de la EAI en todos los niveles y modalidades, con proyectos territoriales como encuentros de escuelas secundarias. La plataforma Continuemos Estudiando ofrece materiales con fuerte anclaje territorial. El Inventario Participativo de EA reúne experiencias de escuelas reales, y secuencias didácticas sobre incendios forestales y biodiversidad bonaerense.
El Presupuesto 2026 muestra una reducción en las partidas destinadas a programas transversales de ambiente en educación, priorizando fondos hacia los vouchers educativos
Córdoba implementa desde 2022 el programa Escuelas Verdes Córdoba en instituciones públicas y privadas, enfocado en huertas escolares, separación de residuos y cuidado de la energía.
Neuquén cuenta con la Ley Provincial N.º 3357/22 y un Programa Provincial de Educación Ambiental.
San Juan se destaca por sus Clubes Ambientales Escolares, que para el ciclo 2026 mantienen abiertas las inscripciones para fomentar la participación activa de estudiantes y familias.
Corrientes posee un programa provincial desarrollado junto al Comité Iberá, que guía la enseñanza de conservación de la naturaleza local en todos los niveles.
Chubut tiene una Mesa Interinstitucional de Educación Ambiental y un micrositio digital con contenidos específicos sobre biodiversidad regional desarrollados junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En Santa Fe se trabaja activamente en la implementación de la EAI bajo la gestión actual, integrando la temática en la construcción de nuevas escuelas sostenibles.
El panorama para el resto de 2026 es incierto. Mientras la Ley Yolanda ordena que los funcionarios públicos no ignoren la crisis climática, la falta de una inversión sostenida desde el Ministerio de Capital Humano pone en riesgo la igualdad de oportunidades para los estudiantes de todo el país.
La educación ambiental en Argentina depende de un rompecabezas de voluntades provinciales que intentan mantener viva una ley nacional que, aunque está escrita en papel, se financia a cuentagotas.
