Fenómenos como la caÃda significativa de la natalidad, los bajos rendimientos en algunas evaluaciones estándar y las tendencias internacionales de acceso a la educación en la primera infancia están reformulando la oferta educativa desde las propias bases. Ya son numerosos los análisis que consideran la importancia de que la educación inicial comience a edades cada vez más tempranas y son varias las propuestas para llevar la obligatoriedad a las salas de 3 años.
Con la firma del decreto 158/2026, la provincia de Buenos Aires se convirtió en el primer distrito en legislar concretamente en esa dirección. La disposición de instaurar la "universalización efectiva" de la sala de 3, es decir, la obligación del Estado provincial de garantizar una cobertura total de la educación en esa franja etárea, está en lÃnea con el plan de instrumentar el inicio obligatorio en los 3 años. Están en el mismo camino, con medidas o planes similares, otras provincias como Mendoza, CABA, o Córdoba, además de algunos intentos legislativos presentados en el Congreso de la Nación con la intención de implementarlo en todo el territorio.
Tras la sanción en 2014 de la ley 27.047 que modificó la Ley Nacional de Educación 26.206 bajando la obligatoriedad a sala de 4 y estableciendo la obligación de garantizar la universalización de la sala de 3, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se acoplaron a esta disposición e instrumentaron la oferta, aunque con diferencias en materia de cobertura e infrastructura. Los distritos más populosos y con presupuestos más abultados son los que lograron mejores resultados en esa universalización. En ese segmento se encuentra la provincia de Buenos Aires, que para el año 2025 alcanzó una tasa de cobertura del 87,5%, según datos oficiales de la Dirección General de Educación.
En la provincia, la obligatoriedad de la Sala de 3 era una demanda de la comunidad educativa y de hecho habÃa ingresado un proyecto de ley en el Senado en 2024, impulsado por el entonces Director General de Educación, Alberto Sileoni, que modificaba el artÃculo 16 de la ley provincial, llevando la asistencia obligatoria de los cuatro a los tres años. El proyecto nunca se trató. Finalmente la norma salió por decreto, publicado en el BoletÃn Oficial el 6 de marzo pasado. No establece la asistencia obligatoria, pero sà que la provincia adopte “las medidas necesarias para concretar, durante el ciclo lectivo 2027, la universalización efectiva de la educación inicial para los niños y niñas de tres (3) años de edad, garantizando igualdad real de oportunidades y posibilidades, calidad pedagógica y equidad territorial en todo el territorio provincial”.
“Garantizar el derecho a la educación de la primera infancia requiere de la definición de polÃticas públicas especÃficas que promuevan la educación y cuidado como dimensiones inseparables del desarrollo infantil”.
Entre los fundamentos, el decreto apunta que “numerosas investigaciones demuestran que adelantar la incorporación de niñas y niños al Nivel Inicial implica mayores aprendizajes y asegura una mejor trayectoria educativa escolar” y por tanto “garantizar el derecho a la educación de la primera infancia requiere de la definición de polÃticas públicas especÃficas que promuevan la educación y cuidado como dimensiones inseparables del desarrollo infantil”.
El texto argumenta que el último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, realizado el 18 de mayo de 2022, indicaba que la tasa de asistencia de niños y niñas de esa franja etaria, “contemplando jardines de infantes y otros espacios de cuidado, alcanzaba en la provincia de Buenos Aires el 74,2%” y que el incremento hacia el año pasado fue del 8,2%, lo que permitió llegar al mencionado 87,5%. Además da cuenta de que más del 40% de los 300 nuevos edificios escolares inaugurados desde el inicio de la gestión corresponden a instituciones de nivel inicial.
En suma, el decreto no establece la obligatoriedad que pretendÃa el proyecto de 2024, pero obliga al Estado a cubrir el 100% del segmento educativo, lo que sienta las bases para pasar a la fase al siguiente. En esa misma dirección se encamina la provincia de Mendoza. En la presentación de los lineamientos educativos de 2026, en febrero pasado, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo GarcÃa Zalazar, confirmó que se trabajará en garantizar la universalización de la sala de 3 en 2027 y a partir de 2028 será obligatoria.
El gobierno provincial tiene prevista la creación de nuevas secciones y la refuncionalización de aulas y cargos docentes. Hasta el momento se crearon más de 300 salas de 3 años, según información oficial. La medida, aclaran, responde a la baja de natalidad, la caÃda de matrÃcula y el aumento del ausentismo en el Nivel Inicial.
La ciudad de Buenos Aires tiene una larga tradición de escolarización en nivel inicial. Si bien la Constitución porteña en su artÃculo 24 asume la responsabilidad indelegable de “asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco dÃas de vida hasta el nivel superior”, la obligatoriedad está fijada en los 4 años, como dicta la ley nacional y no hubo una ley especÃfica que lo regule.
La actual ministra de Educación, Mercedes Miguel, es favorable a la obligatoriedad a los 3, tal como lo expresó varias veces públicamente. Durante la presidencia de Mauricio Macri, en que esta funcionaria ocupaba la SecretarÃa de Innovación y Calidad Educativa del ministerio nacional, ayudó a impulsar un proyecto de ley promovido por el entonces ministro Esteban Bullrich, que llegó a tener media sanción en la Cámara de Diputados.
La obligatoriedad podrÃa tener estatus jurÃdico si prospera un proyecto de ley del diputado del oficialismo porteño y rector de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Siciliano, presentado hace pocos dÃas, que asegura en sus fundamentos que la escolarización temprana es “una polÃtica educativa estratégica para la igualdad de oportunidades y el derecho a aprender desde los primeros años”. Siciliano apunta que ya como senador, Bullrich volvió a insistir en el proyecto ley, aunque sin éxito. También fue el diputado radical Facundo Manes quien presentó en 2022 otro proyecto para nacionalizar la obligatoriedad, que no prosperó.
El caso de Córdoba, por ejemplo, la ley provincial 10.348 del año 2016 utiliza una figura no muy consistente. Dice que el Estado debe asumir la obligatoriedad a los cuatro años "tendiendo a universalizar las salas para niñas y niños de tres (3) años, prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social". Más allá de este detalle, el Estado cordobés sostiene que viene trabajando progresivamente en esa universalización. En 2024 anunciaba la apertura de 68 nuevas salas: 53 en jardines estatales y 15 en privado, que se sumaron a las 1.377 que existÃan en el 2023. "Hoy son 1445 salas habilitadas en la provincia (1037 estatales y 358 privado)", afirmaba.
Provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego, no están trabajando en proyectos para la obligatoriedad, pero sà mostraron claros avances en los últimos años de ampliar la oferta con la apertura de nuevas salas. Se trata de los distritos con menos unidades de servicio activas, lógicamente conforme a su población inferior en número comparada con otros, pero con mayor rendimiento en la cobertura con respecto a la población objetiva.
Un informe de Unicef a 10 años de la sanción de la ley 27.045 indica que la sala de 3 también exhibió un incremento en su cobertura: pasó de 38% en 2014 a 53% en 2023.
La tendencia de hacer obligatoria la sala de tres viene de arrastre de la implementacion de la obligatoriedad en la de 4. Un informe de Unicef a 10 años de la sanción de la ley 27.045 indica que la sala de 3 también exhibió un incremento en su cobertura en este perÃodo: pasó de 38% en 2014 a 47% en 2022 en el promedio nacional. También registró un salto de 6 puntos más hasta el 53% en 2023, “una tendencia favorecida por la reducción de la cantidad de población con esta edad debido a la caÃda de la natalidad”, confirma el trabajo publicado en 2024.
Con respecto a los trabajos en cada provincia, el informe afirma que nueve jurisdicciones tuvieron normativas especÃficas antes o contemporáneamente a la Ley Nacional de Educación (2006). Estas fueron Mendoza (2002), Buenos Aires (2007), RÃo Negro (2012), Santa Cruz (2012), Catamarca (2014), Chaco (2014), Jujuy (2014), Neuquén (2014), Tierra del Fuego (2014). Además, otras siete sancionaron normativas especÃficas después de la Ley N.º 27.045 en materia de de obligatoriedad de la sala de 4 años: Chubut (2015), Entre RÃos (2015), San Juan (2015), Córdoba (2016), Corrientes (2016), La Pampa (2017), Santa Fe (2017).
En cambio, ocho jurisdicciones no sancionaron una normativa especÃfica más allá de la nacional: CABA, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
El documento, que puede leerse completo aquà asegura que la década transcurrida tras la sanción de la obligatoriedad para la sala de 4 y del mandato de universalizar los servicios para la sala de 3 “evidencia un efectivo avance en el acceso al jardÃn de los niños y niñas”. Este avance, asegura, “se registra de manera transversal a todas las jurisdicciones del paÃs”.
Por otro lado concluye en que el descenso en la natalidad “significa una oportunidad para fortalecer la oferta” debido a que por primera vez en muchas décadas, “la demanda educativa no está en crecimiento sino en descenso”. Este descenso es desigual según los territorios, "como también es desigual la cobertura y ocupación actual de las salas obligatorias. Estudiar y diagnosticar con precisión esta problemática es sólo el primer paso para aprovechar el contexto demográfico y fortalecer la oferta y la asistencia, en particular, a la de sala de 3”, afirma el texto.
