El jueves previo al receso de invierno, a la espera de la final del Mundial, la inmensa mayoría de las y los docentes de CABA nos enteramos a través de un correo electrónico enviado por la ministra de Educación de la Ciudad que se modificaba la reglamentación del Estatuto del Docente porteño.
Algunas claves para entender el tema. El Estatuto es una ordenanza de 1985 emanada por el antiguo Concejo Deliberante hoy devenido en Legislatura. Desde su sanción fue modificado en muchas oportunidades, para eso se requiere construir una mayoría simple. Se incorporaron nuevos cargos, nuevas áreas, licencias, etc., la mayoría beneficiosas para los y las trabajadores de la educación.
El Estatuto, como toda ley, es reglamentado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto. También a lo largo del tiempo los distintos gobiernos hicieron uso de esta herramienta para interpretar, según su mirada, la implementación de esta ley. Cabe aclarar que el Ministerio a través de un nuevo decreto acaba de modificar varios puntos centrales de la reglamentación.
Algunos puntos a tener en cuenta:
Se modifica la evaluación hecha por el directivo a cargo del docente y se ata al presentismo del 90% la posibilidad alcanzar la calificación más alta. La evaluación va atada al puntaje por antigüedad. Si se tiene en cuenta que el gremio docente está compuesto por una mayoría de mujeres, muchas de ellas sostén de hogar, tomarse una licencia para cuidar a sus niños por enfermedad puede significar perder ese puntaje y la posibilidad del ascenso.
Otro de los cambios afecta las licencias por casos particulares, por estudio y por razones de fuerza mayor. El Ministerio le saca a los directivos la posibilidad de autorizarlas y monopoliza el control de las mismas. Modifica también el sistema de puntaje, cambia los puntajes máximos de títulos y de antigüedad, prioriza la carrera de gestión educativa que dicta la UNICABA (Universidad de la Ciudad de Buenos Aires) para formar conducciones con una mirada más cercana a la del propio Ministerio.
Estos cambios entre muchos otros se dan, como mencionamos anteriormente, a través de un decreto reglamentario por la ausencia de ámbitos donde los trabajadores puedan discutir en igualdad de condiciones con la patronal.
La Ciudad de Buenos Aires no tiene Ley de Paritarias, por lo tanto los sindicatos porteños no están representados en ningún ámbito legal como si ocurre en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, entre otras.
El discurso antisindical que muchos escuchamos en las escuelas tampoco es el camino. La única forma es fortalecer a las organizaciones afiliándose y, en todo caso, cambiarlos desde los espacios de participación.
En la Ciudad hay una cantidad de sindicatos docentes insólita: 17. Algunos de ellos tienen menos de 100 docentes afiliados. La dispersión solo le conviene a la patronal. Así como los trabajadores deben afiliarse para fortalecerlos, los sindicatos deben armar un frente gremial para que sus posiciones sean más fuertes.
La necesidad de una Ley de Paritarias en CABA es fundamental para poder discutir las condiciones de trabajo de las y los docentes porteños. La Ministra puede y debe tener una mirada sobre el sistema educativo y los trabajadores organizados, a través de sus sindicatos, también. Si esto no se logra en el corto plazo nos vamos a encontrar con reformas impuestas sin debate ni consensos.
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