Armas sí, libros no. Las prioridades (legislativas) del gobierno nacional
Entre las estrategias legislativas oficiales para los tiempos que siguen, el gobierno pretende destinar parte de una recaudación específica al armamento de las Fuerzas Armadas, y en cambio, seguir reduciendo el presupuesto dirigido a la Educación Pública Superior.
El proyecto del gobierno es insistir con su propia ley de presupuesto universitario a contramano del financiamiento vigente -Ley 27.795- que se niega a aplicar, a pesar de haber sido primero sancionada y tras el veto de Javier Milei, ratificada mayoritariamente en el Congreso en octubre pasado.
Luego de fracasar en su intento de colar en las extraordinarias su propia adaptación del financiamiento, con un proyecto que los gremios, directivos y analistas critican por reducir drásticamente las partidas y poner un cerrojo a las paritarias, el gobierno intentará avanzar con su reforma en la agenda legislativa de los próximos días, según confirmó el devaluado jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En la accidentada conferencia de prensa del jueves, Adorni aseguró que el gobierno se propone modificar las leyes de Discapacidad y Educación Superior. "El Gobierno anterior nos dejó un Estado fundido, sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos que dejaron a su paso, ni a las prestaciones sociales que tanto dicen defender", justificó.
"Así como están planteadas, estas leyes vienen a repetir el mismo patrón: repartir plata que no hay y forzarnos a emitir, y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza", argumentó el funcionario.
En el mismo acto aseguró que se proyectan destinar el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones "a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional" con el propósito de comprometerse "a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar y esperamos que el Gobierno, que nos suceda - sea quien sea - le dé continuidad a esta política de Estado".
Por tratarse de de una norma que involucra gravámenes y venta de bienes patrimoniales del Estado, deberá pasar también por el Congreso. Hasta ahora se desconoce que haya ingresado algún proyecto de ley en esa dirección. Sí se conoce que desde mediados de febrero está ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto para modificar la Ley 27.795, aunque no se registra hasta ahora tratamiento alguno ni en comisiones ni en asesores.
En ese proyecto, según publicó entonces el sitio especializado El Parlamentario, la intención manifiesta es que las partidas presupuestarias previstas en el Programa “Desarrollo de la Educación Superior” deberán ser destinadas a cumplir con los siguientes objetivos: afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad, garantizar las condiciones laborales y salariales, asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, incrementar la inversión destinada a programas de becas estratégicas. 
El artículo 3° del proyecto (que sustituye el art. 3° de la 27.795) ata la actualización de los gastos de funcionamiento a la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.
Respecto de salarios, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.
Un informe del CEPA confirma que El proyecto establece una recomposición acotada: con “incrementos escalonados y “convocatoria a una paritaria nacional sin piso de incrementos” (p. 3)
? Es un esquema cerrado, limitado y sin garantía mínima.
El proyecto no recompone, sino que consolida el ajuste.
“El Proyecto del Gobierno presenta una lógica muy distinta, pretende cristalizar y consolidar el ajuste presupuestario”
CVEPA
El presupuesto de las Universidades Nacionales (Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”) registró un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza. Entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 28,7%. Si se compara con el presupuesto vigente en 2026 en pesos constante (proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del REM), el crédito asciende a $4,87 billones. En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 45,6% respecto de 2023.
Ahora bien, si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales en diciembre de 2025 habría ascendido a $8,63 billones a valores de 2026. Esto habría implicado un crecimiento real de 35,1% respecto del presupuesto vigente en 2025 y lo habría dejado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.
En cambio, el Proyecto del Gobierno incrementaría el presupuesto vigente de las Universidades Nacionales en 2026 en 12,4%, alcanzando $5,48 billones a valores de 2026. Incluso con ese aumento, el resultado sería una caída real de 14,2% frente a 2025 y de 38,8% en comparación con 2023.
Por lo tanto, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por el Gobierno, el Proyecto del Gobierno consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de Universidades Nacionales 36,5% inferior al que hubiera correspondido bajo la Ley insistida.