Armas sí, universidad no. Las prioridades del gobierno nacional
Tras fracasar en su intento de colar en las extraordinarias su propia adaptación del financiamiento universitario, el gobierno adelanta que avanzará con su reforma.
Entre las estrategias legislativas oficiales para los tiempos que siguen, el gobierno pretende destinar parte de una recaudación específica al armamento de las Fuerzas Armadas, y en cambio, seguir reduciendo el presupuesto dirigido a la Educación Pública Superior.
El proyecto del gobierno es insistir con su propia ley de presupuesto universitario a contramano del financiamiento vigente -Ley 27.795- que se niega a aplicar, a pesar de haber sido primero sancionada y tras el veto de Javier Milei, ratificada mayoritariamente en el Congreso en octubre pasado.
Luego de fracasar en su intento de colar en las extraordinarias su propia adaptación del financiamiento, con un proyecto que los gremios, directivos y analistas critican por reducir drásticamente las partidas y poner un cerrojo a las paritarias, el gobierno buscará avanzar con su reforma en la agenda legislativa de los próximos días, según confirmó el devaluado jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En la accidentada conferencia de prensa del jueves, Adorni aseguró que el gobierno se propone modificar las leyes de Discapacidad y Educación Superior. "El Gobierno anterior nos dejó un Estado fundido, sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos que dejaron a su paso, ni a las prestaciones sociales que tanto dicen defender", justificó.
"Así como están planteadas, estas leyes vienen a repetir el mismo patrón: repartir plata que no hay y forzarnos a emitir, y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza", argumentó el funcionario.
En el mismo acto aseguró que se proyecta destinar el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones "a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional" con el propósito de comprometerse "a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar y esperamos que el Gobierno, que nos suceda - sea quien sea - le dé continuidad a esta política de Estado".
Aunque no especificó qué privatizaciones ni qué tipo de tributo, por tratarse de de una norma que involucra gravámenes y venta de bienes patrimoniales del Estado, deberá pasar también por el Congreso. Hasta ahora se desconoce que haya ingresado algún proyecto de ley en esa dirección. Sí se conoce que desde mediados de febrero está ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto para modificar la Ley 27.795, aunque no se registra hasta ahora tratamiento alguno ni en comisiones ni en asesores.
Según publicó el sitio especializado El Parlamentario, la intención manifiesta es que las partidas presupuestarias previstas en el Programa “Desarrollo de la Educación Superior” deberán ser destinadas a cumplir con los siguientes objetivos: afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad, garantizar las condiciones laborales y salariales, asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, incrementar la inversión destinada a programas de becas estratégicas.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirma que el proyecto reduce el presupuesto universitario y establece una recomposición salarial a la baja que no alcanza a compensar lo perdido desde 2023. El documento afirma que el presupuesto de las Universidades Nacionales registró un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza con una caída entre 2023 y 2025 en términos reales del 28,7%. "Si se compara con el presupuesto vigente en 2026 en pesos constante (proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del REM), el crédito asciende a $4,87 billones. En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 45,6% respecto de 2023".
Si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales en diciembre de 2025 "habría ascendido a $8,63 billones a valores de 2026" lo que "habría implicado un crecimiento real de 35,1% respecto del presupuesto vigente en 2025 y lo habría dejado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023".
En cambio, el Proyecto del Gobierno incrementaría el presupuesto vigente de las Universidades Nacionales en 2026 en 12,4%, alcanzando $5,48 billones a valores de 2026. Incluso con ese aumento, el resultado sería una caída real de 14,2% frente a 2025 y de 38,8% en comparación con 2023.
Salarios a la baja
Los docentes y no docentes de las Universidades Nacionales registraron una fuerte pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Con una inflación acumulada entre diciembre 2023 y julio 2024 de 134,6%, los salarios aumentaron 80,4%. "Esto implicó una reducción del 23,1% en términos reales respecto de noviembre 2023". En 2025 hubo una contracción adicional del 10,1%, "acumulando así una caída total del 32,1%", señala el CEPA. Y en enero 2026 "se produjo una nueva reducción en términos reales, llevando la pérdida de poder adquisitivo al 34,0% en comparación con noviembre 2023".
La Ley insistida establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que el salario básico del personal universitario recupere el poder adquisitivo perdido. Esto implicaba un incremento salarial del 44,0%. "De haberse aplicado sobre los salarios de noviembre 2025, el salario real del personal docente y no docente se habría ubicado apenas 1,3% por debajo del nivel registrado en noviembre 2023, recuperando la mayor parte del poder adquisitivo perdido", apunta el documento.
Pero en cambio, el Proyecto del Gobierno establece una recomposición sobre 2025 en salarios se realiza en tres cuotas trimestrales no acumulativas de 4,1%, totalizando un 12,3%. Este esquema presenta dos problemas centrales. En primer lugar, ignora deliberadamente el ajuste realizado durante 2024, que fue el más significativo, desde noviembre 2023 el salario real del personal docente y no docente de las universidades nacionales acumuló una caída del 24,4%.
La Ley tuvo varias instancias de ratificación. No conforme con ello, la Justicia ordenó al gobierno aplicarla. No lo hizo y no tiene intención de hacerlo, como queda claro con su negativa al momento de la reglamentación y de la presentación de este proyecto que no solo pretende trastocar lo apuntalado por los legisladores, con aval de toda la comunidad universitaria, sino también de imponer a como de lugar una política de ajuste que se restringe solo a áreas específicas que no son evidentemente de su interés estratégico.
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