La vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario es urgente

El gobierno de Milei, Pettovello y Torrendell (candidato de LLA  a senador), queda en la historia como el responsable del mayor desfinanciamiento a la Educación tanto de los niveles obligatorios como de las Universidades Nacionales, con graves  consecuencias para el desarrollo cultural, social y económico de nuestro país,  incumpliendo las leyes que establecen responsabilidades y funciones al estado nacional.

La sanción en ambas Cámaras de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recomposición del salario docente, fue aprobada en Diputados con 158 votos positivos, 73 negativos y 2 abstenciones, mientras en el Senado obtuvo 58 positivos, 10 negativos y 3 abstenciones. La Ley es crucial para la realidad universitaria y también lo es para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento con impacto en el crecimiento económico soberano,  y  también para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento del país.

Es evidente que desde el 10 de diciembre del 2023 el presidente se propuso provocar el deterioro de las universidades públicas, de la educación, la ciencia y la salud.

Es evidente que desde el 10 de diciembre del 2023 el presidente se propuso provocar el deterioro de las universidades públicas, de la educación, la ciencia y la salud. En contrario la sociedad no se rinde y sigue defendiendo conquistas y derechos constitutivos de la identidad nacional. Expresión de ello lo constituyó la imponente marcha por la Educación del 23 de abril de 2024, que transitó las calles de distintas ciudades del país,  y en significativa continuidad otras expresiones de diversos reclamos van planteando día a día resistencia a atropellos y despojos con las presencias callejeras de jubilados, trabajadores y afectados de Inti, INTA, Puertos, Teatro, Bibliotecas Populares, Garrahan, personas con discapacidad, por nombrar algunos de una lista que no se detiene.

Si nos preguntamos, más en detalle ¿cuál es la situación de las universidades? Vemos que entre el 2023 y el 2025, sus recursos, en una Argentina sin presupuestos cayeron en total 19,8%. Pero además el salario de los/as trabajadores/as docentes y no docentes disminuyó un 29,3%.  A su vez el presupuesto para Ciencia y Técnica retrocedió un 45,4%.

Si consideramos la ejecución semestral acumulada de la Secretaría de Educación para este 2025 respecto de igual período de 2023 los recursos que dispuso el gobierno para el sector son 47,6 puntos reales menos. Con el agravante que, como se ha dicho, el presupuesto vigente de este año es el prorrogado en el 2023, con una administración injusta y de absoluta discrecionalidad que es naturalizada cínicamente por el Secretario Torrendell que además sin vergüenza advierte al referirse al tema en el marco de la Asamblea 140 del Consejo Federal de Educación: “Les pido que no cunda el pánico” dicho en la cara de los azorados Ministros/as de Educación de las provincias argentinas.

 

Una cuestión delicada por su sensibilidad social e impacto en la continuidad de las trayectorias educativas de los estudiantes que transitan la última etapa de secundaria y sus estudios universitarios lo constituyen las becas Progresar (Ley 27.726). En el cuarto trimestre de 2024 sus recursos disminuyeron un 27,3% respecto a 2023, con una pérdida de 500.000 becas en un año. En 2024, la capacidad adquisitiva de las becas se desplomó a la mitad del valor registrado en 2023 debido al congelamiento del monto nominal durante todo el año y a la alta inflación del período. Recién en agosto de 2024 el gobierno anunció un aumento llevando el aporte de cada beca a $35.000- cuando la inflación interanual había alcanzado el 236%, lo que dejó el valor muy por debajo del incremento general de precios. Durante el 2025 no hubo anuncios de aumentos, y sí disminuyó el universo total de becarios.

Cuando afirmamos que la educación nacional atraviesa el momento más crítico de los últimos 20 años nos referimos a estos datos a los que hay que sumarles la realidad del salario docente que  se encuentra en un piso histórico a valores previos al 2005,  la paralización de las obras de infraestructura educativa y los problemas que generan las necesidad de solventar gastos de funcionamiento básicos como luz, gas, agua. Las universidades nacionales a las que asisten 2.746.768 estudiantes están en peligro,  los 10.000 docentes universitarios que se fueron de las instituciones para resolver su subsistencia  y han sido profesionales en los que el  estado invirtió en formación y cualificación es otra señal clara del deterioro que nos resistimos a que se profundice. 

Los 20 años de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo es una referencia indudable que debe operar como advertencia de que la Argentina ha sabido resolver  con herramientas legales el mandato constitucional que establece las responsabilidad del estado en materia del derecho a la educación.

El Artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a la educación, respaldado por los artículos: 5, que establece la obligación de las provincias de garantizar la "educación primaria" y el 75 incisos 17, 18, 19 y el inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a tratados y pactos internacionales que reconocen expresamente el derecho a la educación.

La Ley 24.521 de Educación Superior, no deja dudas en su artículo 2° respecto al rol del estado: “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las universidades nacionales […]” (Art. 2°). Para ello, en cada ley anual de presupuesto, establece el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales. 

Las razones por las que el Poder Ejecutivo Nacional justifica su accionar destructivo y dañino, incumple las leyes mencionadas y fundamenta veto a leyes aprobadas por amplias mayorías parlamentarias.

Las razones por las que el Poder Ejecutivo Nacional justifica su accionar destructivo y dañino, incumple las leyes mencionadas y fundamenta veto a leyes aprobadas por amplias mayorías parlamentarias, vinculan el mentado equilibrio fiscal y el ajuste como instrumento necesario. Pero esconden las razones de fondo, como son el creciente endeudamiento, y la distribución desigual que prioriza a quienes se enriquecen con la timba financiera a costa del sacrificio de las mayorías.

Por eso es necesario ratificar el valor social, democrático y de atención de la emergencia del Financiamiento Universitario, expresado en la Ley 27.795. Ley que será antecedente en el debate presupuestario que el Congreso debe darse, pero en este caso con una perspectiva integral del sistema educativo nacional,  incluido todos sus niveles y modalidades. 

La Nación Argentina debe contar con Ley de Presupuesto 2026 que regule ingresos, tributos y gastos para el año próximo y dejar atrás discrecionalidad y prebendas.  

No al veto a la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición del salario docente y no docente.

La autora: 

• Blanca Osuna es Diputada Nacional por el bloque Unión por la Patria, vicepresidenta de la Comisión de Educación