Polémica en torno al supuesto borrador del Gobierno de una “Ley de Libertad Educativa”
Implicaría derogar la Ley de Educación Nacional, correr al Estado de decisiones clave y habilitar la "escuela a distancia". Rechazo de diversos sectores que perciben un "retroceso reaccionario" y un "avance hacia la privatización".
Circuló en las últimas horas un borrador de un proyecto de ley llamado de “Libertad Educativa”, que habría sido diseñado por el gobierno de Javier Milei, y que propone la derogación total de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006, y su reemplazo por un texto de 136 artículos que reformula el sistema educativo en los niveles inicial, primario y secundario.
Presentado ante el Consejo de Mayo, según trascendió, el documento hace referencia a “la libertad de enseñar y aprender” como principio rector, y pone a las familias por encima del Estado, al que le atribuye una función “subsidiaria”.
La iniciativa, elaborada según el borrador por la Secretaría de Educación -aunque el Secretario Ferando Torrendell lo niega- en conjunto con el Ministerio de Desregulación, recupera propuestas del primer proyecto de Ley Bases de 2023 y busca “ampliar la autonomía escolar”, habilitar modalidades alternativas como el homeschooling y genera controversia por su impacto en la equidad y la gratuidad del sistema público.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente el documento, al que califica de “ataque al sistema democrático” y “verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX”.
"Lo que aparece en ese proyecto va contra de todo nuestro nuestro marco legal, nuestra ley vigente y por eso expresamos esta preocupación y denunciamos esta intención de concretar un retiro total del Estado en cuanto a la garantía del derecho a la educación", sostuvo Miguel Duhalde, secretario de Educación de la CTERA en diálogo con Educación Debate.
Para Duhalde, la propuesta filtrada prioriza "la educación individual y rompe todo lo que sea socialización o espacios colectivos", al tiempo que habilita un avance de la Iglesia Católica en la enseñanza de religión y mezcla una intención de mercantilizar la educación "con un conjunto de incoherencias y posicionamientos propios de este proyecto anarcolibertario que que encabeza el presidente Javier Milei".
Principios ideológicos y rol del Estado
El proyecto redefine el sistema educativo como un “conjunto de iniciativas promovidas por la sociedad y el Estado”, con énfasis en la “libertad educativa”, un concepto que aparece mencionado 27 veces en el borrador. Además destaca el “rol preferente” de las familias como agentes primarios de la educación.
El Estado, mencionado solo 22 veces, actúa de manera complementaria, interviniendo solo cuando las familias o instituciones no puedan garantizar el derecho educativo, según el principio de subsidiariedad, lo que contrasta con la ley actual, que define la educación como un “bien público y derecho personal y social”.
En el texto se elimina la obligatoriedad de invertir el 6% del PBI en educación, reemplazándola por un “sistema federal de monitoreo” del gasto, con evaluaciones periódicas independientes para asegurar eficiencia en los resultados de aprendizaje.
Autonomía curricular y planes de estudio
La propuesta oficial habilita a las escuelas para elaborar “planes de estudio propios” alineados con su “ideario institucional”, siempre respetando contenidos mínimos comunes nacionales (equivalentes a los actuales Núcleos de Aprendizajes Prioritarios), que pasarían a ocupar hasta el 75% del tiempo lectivo, dejando un 25% para contenidos autónomos.
El proyecto habilita la educación desde el hogar.
Calendario y modalidades de enseñanza
El calendario escolar se basaría en horas mínimas anuales: 540 para el nivel inicial y 720 para primario y secundario (inferiores a los 760 y 900 horas acordados en 2024). Las instituciones definirían su propio cronograma. Se habilitaría el homeschooling (educación en el hogar), la educación híbrida y a distancia sin edad mínima, con acreditación vía exámenes periódicos. También se permite la enseñanza religiosa confesional optativa en escuelas públicas, ofrecida por provincias fuera del horario escolar.
Financiamiento, gobierno escolar y formación docente
En materia de financiamiento, el proyecto de “Ley de Libertad Educativa” plantea la promoción de la “igualdad de acceso” a fondos públicos para escuelas estatales y privadas, incluyendo becas, vales educativos y créditos fiscales directos a familias.
La conducción de cada establecimiento mantendría el liderazgo de la gestión, aunque con la participación de las familias a través de un “consejo escolar de padres”. Las autoridades podrán seleccionar a sus de docentes, que deberán ser ratificados por el ministerio de cada jurisdicción.
En tanto, las y los docentes verían limitada su estabilidad laboral de acuerdo a evaluaciones periódicas sobre su desempeño. Además se declara la “esencialidad” de la educación básica, lo que limita el derecho de los trabajadores de la educación a en relación a las medidas de fuerza.
En educación especial, se reemplaza el término por “alumnos con necesidades específicas” (incluyendo discapacidad, ruralidad, interculturalidad y altas capacidades), promoviendo modalidades inclusivas, hospitalarias o domiciliarias, pero sin detalles sobre recursos adicionales.
? “Alerta en la docencia por el borrador de la reforma educativa”: para #CTERA, el documento que circula constituye “un verdadero ataque al sistema democrático” y prende las alarmas en el conjunto de la docencia.
— CTERA (@cteracta) November 20, 2025
? Comunicado completo??https://t.co/ixltzrtoGA pic.twitter.com/0mJLmDwnpN
El rechazo de las organizaciones sindicales
El borrador ya generó el rechazo de diversos sectores educativos que consideran que se trata de un retroceso en materia de equidad y un avance hacia la privatización.
La Junta Ejecutiva de CTERA denuncia que el proyecto elimina el rol del Estado como garante principal del financiamiento, introduce la formación religiosa en la pública y promueve el homeschooling, arremetiendo contra el derecho a huelga al declarar la educación “servicio esencial” y contra los derechos docentes con evaluaciones punitivas basadas en meritocracia.
“Bajo el uso banalizado de valor de la ‘libertad’, este proyecto de la derecha en la Argentina pretende eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación”, afirma el texto difundido este jueves por la central educativa.
Desde las organizaciones sindicales advierten que la autonomía ampliada podría profundizar desigualdades entre jurisdicciones y escuelas con recursos dispares. Así, el nuevo modelo de financiamiento abre la puerta a la mercantilización del derecho a la educación.