Salario docente: crisis histórica, desigualdades provinciales y el retiro del estado nacional

El salario de los docentes en Argentina se configura a través de un proceso complejo, donde intervienen negociaciones entre el Estado -en sus niveles nacional y provincial- y los gremios del sector. Estas discusiones, muchas veces extendidas y conflictivas, reflejan no solo aspectos económicos, sino también valorativos sobre el rol educativo.

En esta nota retomamos y ampliamos algunos de los aspectos planteados en el informe del foro educativo de filo. La situación de los salarios docentes presentan variaciones significativas según la jurisdicción, generando grandes disparidades entre provincias.

¿Qué compromisos deben asumir las provincias y el Estado Nacional con el financiamiento educativo?

Esta situación plantea interrogantes fundamentales: ¿Cómo se determina un piso salarial que garantice condiciones dignas para el ejercicio docente? ¿Cuál debe ser el rol del Estado Nacional en esta discusión? ¿De qué forma se puede intervenir para achicar la brecha entre jurisdicciones? ¿Qué compromisos deben asumir las provincias y el Estado Nacional con el financiamiento educativo?

El trabajo docente es una de las profesiones que se encuentra ligada directamente a garantizar otros derechos de la población. En ese sentido, la valoración social y económica que los gobiernos otorgan es uno de los indicadores fundamentales para ver el valor asignado al derecho a la educación.

El debate sobre la remuneración docente pone en evidencia discusiones pendientes sobre la priorización presupuestaria de la educación y la articulación entre los distintos niveles del Estado. Hagamos un poco de historia. A partir de la transferencia de los servicios educativos en la década de los 90, el pago de salarios de docentes en los niveles educativos obligatorios quedó bajo responsabilidad de las jurisdicciones.

Sin embargo, las condiciones económicas desiguales de las provincias generaron brechas salariales entre las mismas, otorgando valores muy distintos al trabajo docente según la jurisdicción.

Para mejorar los salarios en las provincias más perjudicadas, el Estado nacional generó mecanismos como el FONID (en el 1998, como producto de la lucha de la Carpa Blanca) y la Paritaria Nacional Docente (2005), los cuales contribuían a fijar un piso mínimo del salario en todo el país. Luego, el valor final se establecía en el marco de las negociaciones en cada jurisdicción.

Sin embargo, la Paritaria Nacional Docente fue suspendida en el 2015. En el 2023 el gobierno nacional de Milei decidió volver a suspenderla y además quitar el FONID.

En 2025, los Decretos 340 y 341 modificaron el marco educativo. El primero declaró la educación servicio esencial, habilitando al Estado nacional, provincial y municipal a limitar el derecho a huelga. El segundo profundizó el retiro del Estado nacional como garante del derecho a la educación, modificando la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y trasladando la negociación salarial al Consejo Federal y gremios, sin intervención del Estado Nacional en la misma.

Este tipo de decisiones tienden a profundizar las brechas interprovinciales y consolidar escenarios diferenciales para garantizar el derecho a la educación en las 24 jurisdicciones.

Si bien el conflicto del salario docente no es nuevo en Argentina, la situación actual vuelve a tomar relevancia a partir de un retroceso a un piso histórico del salario en los últimos 20 años.

Para comprender la situación actual no basta sólo con considerar el corrimiento del Estado nacional en sus responsabilidades financieras. En las jurisdicciones se evidencia una tendencia a la baja en la inversión educativa en las últimas dos décadas:

Si bien el porcentaje de gasto en educación está en torno al 30% de los recursos provinciales, la serie histórica da cuenta de la caída. Sin embargo, al considerar otros rubros a cargo de las provincias -salud, seguridad, obras, transferencias a municipios- se da una puja para el destino de los fondos.

La situación se ve agravada, ya que los estados provinciales deben absorber muchos de los gastos que el Estado Nacional no realiza.

En el escenario actual, se da la situación también del retiro del Estado nacional en esos rubros, por lo tanto la situación del sector educación se ve agravada, ya que los estados provinciales deben absorber muchos de los gastos que el Estado Nacional no realiza.

En educación esto tiene una particularidad, ya que el 90% del gasto provincial en promedio se destina al pago de salarios, que debido a su inelasticidad, da poco margen para financiar otro tipo de acciones (libros, materiales pedagógicos, tecnología, infraestructura, etc).

En este sentido, la quita del FONID, que representaba -en promedio- un 15% de los salarios docentes explica la caída abrupta del salario en el último año:

Muchas provincias no pudieron absorber con fondos propios el aporte salarial que realizaba el Estado Nacional. Esto dejó en exposición las brechas entre jurisdicciones. En términos concretos, para marzo de 2025, el salario promedio de les docentes se ubicaba por debajo de la Canasta Básica Familiar en 20 de las 24 provincias, acercándose peligrosamente a la línea de indigencia en las jurisdicciones más pobres.

Las disparidades interprovinciales son alarmantes: une docente en Santa Cruz o Tierra del Fuego percibió casi el doble que sus pares en Catamarca o Mendoza.

A modo de cierre, el análisis de las condiciones salariales de los docentes en Argentina arroja tres puntos que dan cuenta de su estado de crisis:

1. El retiro del Estado nacional: se ha eliminado el aporte de la administración educativa central que se realizaba mediante el FONID, y la mediación a partir de la Paritaria Nacional Docente.
2.  Brechas interprovinciales: El retiro del Estado Nacional, deja a merced de las posibilidades de cada provincia -limitada por los propios recursos- para generar condiciones salariales dignas, en un contexto donde la política de “déficit cero” implicó un recorte en todas las áreas del Estado (salud, obra pública, seguridad social) y por lo tanto una responsabilidad fiscal mayor para las provincias.
3. El impacto en la garantía del derecho a la educación: ¿de qué manera garantizar el derecho a la educación si se debilitan las capacidades estatales, es decir, de quien debe ser su autoridad? ¿Cómo se conjuga el discurso pedagógico actual de la esencialidad con la caída de la inversión pública y el deterioro del salario docente y la limitación de sus derechos como trabajadores? ¿Cómo garantizar condiciones de igualdad y equidad si las brechas jurisdiccionales se amplían a partir del retiro del Estado nacional?

Los autores:

• Sacha Unamuno: Docente de nivel medio y superior. Licenciado en Ciencias de la educación (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).
• Germán Schiavinato: Maestro de grado (ENS 7) y licenciado en ciencias de la educación (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).

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