Una lectura del presupuesto educativo expone serios recortes en inversión y programas clave
El análisis del espacio Imaginar y Transformar asegura que lo propuesto por el Ejecutivo "consolida el desfinanciamiento estructural de la educación pública".
El análisis del Presupuesto Educativo 2026 que propone el espacio colectivo Imaginar y Transformar, revela que los fondos destinados a educación sufrirán, según el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, severos recortes en materia de inversión y programas estratégicos.
En días en que se trata la "ley de leyes en el Congreso", con exposición de los funcionarios vinculados con cada área, el documento Presupuesto Educativo Nacional 2026: Análisis del proyecto de ley que "consolida el desfinanciamiento estructural de la educación pública" afirma la dramática reducción que implica la ley.
El presupuesto propone derogar artículos clave de leyes que garantizan pisos mínimos de inversión en educación, ciencia y tecnología.
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Javier Milei consolida un fuerte recorte del gasto educativo nacional -una caída de alrededor del 50 % en términos reales respecto de 2023. Además, propone derogar artículos clave de leyes que garantizan pisos mínimos de inversión en educación, ciencia y tecnología (por ejemplo, el 6 % del PBI para educación y el fondo del 0,2 % para la educación técnico-profesional), analiza el texto al que accedió Educación Debate.
Esto implica "desmantelar los marcos normativos que sustentaban el financiamiento público y reducir la responsabilidad del Estado nacional en la garantía del derecho a la educación".
En otro orden, según el articulado, se eliminan o se reducen drásticamente programas históricos: "Conectar Igualdad, Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y Fortalecimiento Edilicio de Jardines quedan sin presupuesto.
Por su parte, "las becas Progresar pierden el 78 % del financiamiento y más de un millón de beneficiarios desde 2023". La infraestructura escolar "sufre recortes del 84 %, y la formación docente cae un 73 %. La Educación Sexual Integral fue directamente eliminada en 2025 y apenas recupera una partida simbólica para 2026".
La única expansión, apunta el documento de Imaginar y Transformar, se observa en el Plan Nacional de Alfabetización, aunque el aumento se explica casi totalmente por la extensión horaria (“Hora más”), sin nuevas estrategias reales.
El estudio evalúa que en 2026 habrá, según la propuesta del gobierno de Javier Milei, un "retroceso universitario y científico". Las universidades nacionales "pierden alrededor de un tercio de su financiamiento real desde 2023; los salarios docentes caen un 33 %, los no docentes un 27 % y los fondos para funcionamiento, un 12 %.
A su vez, el proyecto suspende el aumento progresivo de la inversión en ciencia y tecnología, que pasa del 0,45 % del PBI previsto al 0,13 %. Se recuerda que el Estado nacional "vetó la Ley de Financiamiento Universitario y reduce a mínimos históricos el Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional (del 0,17 % al 0,02 % de los ingresos corrientes)".
El informe advierte que el gobierno "abandona su rol como garante del derecho educativo", trasladando la carga financiera a las provincias, lo que "acentúa las desigualdades territoriales". Se proyecta un escenario de **precarización laboral docente**, deterioro edilicio y pérdida de programas sociales y pedagógicos clave.
El documento llama a defender la inversión pública en educación como pilar del desarrollo nacional y condición básica para la equidad social
El texto cierra subrayando que "sin recursos suficientes no hay educación de calidad posible", y llama a defender la inversión pública en educación como pilar del desarrollo nacional y condición básica para la equidad social.
El análisis advierte que esta política traslada la responsabilidad del financiamiento a las provincias, que ya enfrentan graves restricciones fiscales, lo que agrava las desigualdades territoriales y compromete la posibilidad de sostener condiciones mínimas de enseñanza y aprendizaje.
En las conclusiones, sostiene que el presupuesto proyectado atenta contra la igualdad de oportunidades, precariza la tarea docente, y pone en riesgo la continuidad de políticas públicas esenciales para garantizar inclusión, equidad y calidad educativa.