Una orden judicial exige al gobierno aplicar el financiamiento universitario
Admitiendo una demanda del CIN, el fallo además dejó sin efecto el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
En sintonía con lo que pasó en la Cámara de Diputados, la Justicia federal le ordenó al Poder Ejecutivo aplicar "de manera inmediata" la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, fue tomada en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.
Para el magistrado, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo mediante el decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso, constituyó una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.
En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado.
El Consejo Interuniversitario Nacional había iniciado un proceso colectivo a fines de octubre de 2025, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los actores alegaron una afectación colectiva y urgente, argumentando que el incumplimiento erosionaba el poder adquisitivo, comprometía el funcionamiento universitario y lesionaba derechos constitucionales a la educación y a la autonomía institucional.