El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno el 15 de septiembre vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento de las universidades nacionales. Si bien el proyecto contempla un leve aumento, los 7,3 billones que proyecta para gastos universitarios están lejos de los 11 billones solicitados por la comunidad universitaria.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que, aunque los fondos destinados a la educación superior aumentarán en términos nominales, el incremento prácticamente no modificaría la situación en términos reales: para 2027 se proyecta una mejora de apenas 0,3% respecto del crédito vigente de 2026. Al mismo tiempo, el financiamiento universitario quedaría 25,2% por debajo del nivel de 2023, según los cálculos del centro de estudios.
El documento señala que para 2027 se contempla un incremento nominal del 20,9% respecto del crédito vigente de 2026. La diferencia entre el aumento nominal y el real se explica por la inflación proyectada. Para CEPA, por lo tanto, el proyecto no supone una recuperación significativa del financiamiento universitario en términos de poder adquisitivo.
La comparación con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario constituye uno de los principales ejes del informe. De acuerdo con los cálculos de CEPA, si se aplicaran las disposiciones de esa norma, el financiamiento universitario para 2027 debería alcanzar aproximadamente los $9,74 billones a valores de ese año. El proyecto de Presupuesto contempla un monto inferior, lo que genera, según el informe, una diferencia del 29,8% entre los recursos previstos y los que resultarían de aplicar el esquema establecido por la ley.
Frente a esto, el sector universitario advirtió que lo contemplado para el año próximo es un 33% menos de lo que pretendía. “Si no se introducen modificaciones vamos a tener dificultades graves el año que viene”, explicó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Según se detalló desde el CIN, la partida para el año que viene destina 7,3 billones de pesos para el sector universitario, mientras que este año se estima que terminará -en medio todos los reclamos del sector- en 6 billones. Desde las Universidades sostiene que al menos se necesitan 11 billones para el correcto funcionamiento.
EL CIN presentó su propio proyecto de presupuesto en una audiencia pública en el Congreso. “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”, explicó en su exposición Bartolacci. “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”, sumó Anselmo Torres, vicepresidente del CIN.
NÚMEROS
El documento del CEPA también pone el foco en los salarios de docentes y no docentes universitarios. Según el estudio, hasta agosto de 2026 los ingresos del sector acumulaban una pérdida de aproximadamente 25% de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.
La mayor parte del deterioro se produjo durante 2024 y 2025, aunque durante los primeros ocho meses de 2026 se registró una recuperación. En ese período, los salarios aumentaron 33,8%, mientras que la inflación alcanzó 21,3%, lo que representó una recuperación real del 10,3%, de acuerdo con las estimaciones del informe.
La recuperación, sin embargo, no habría alcanzado para recomponer completamente la pérdida acumulada. CEPA señala que durante diciembre de 2023 y julio de 2024 la caída real de los salarios universitarios llegó al 23,1%, mientras que durante 2024 el deterioro alcanzó el 24,4%. En 2025 se registró otra pérdida real del 10,1%, que llevó la caída acumulada hasta diciembre de ese año al 32,1%.
El informe reconstruye además el recorrido de la ley desde su sanción: el veto del Poder Ejecutivo, la insistencia del Congreso, la suspensión de su aplicación mediante el Decreto 759/2025, las posteriores actuaciones judiciales y la situación generada a partir de esas decisiones. CEPA señala que en diciembre de 2025 la Justicia ordenó su cumplimiento y que en febrero de 2026 el Poder Ejecutivo envió un proyecto para modificarla, aunque la iniciativa no llegó a ser tratada en comisión.
El deterioro salarial también es comparado con las condiciones de vida de los hogares. Para agosto de 2026, el informe toma los valores del INDEC de $1.605.497 para la Canasta Básica Total correspondiente a un hogar de cuatro integrantes y de $726.469 para la Canasta Básica Alimentaria.
A partir de esos valores, CEPA señala que la mayoría de las categorías salariales docentes y no docentes analizadas se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Entre los docentes, según el estudio, solamente los profesores titulares y asociados con dedicación exclusiva superaban el valor de la Canasta Básica Total.
