Con la media sanción en Diputados que crea la Comisión Provincial para el Debate y Elaboración de una Ley de Educación propia, la provincia de Santa Fe busca saldar una vieja deuda con la comunidad educativa, la falta de una norma provincial como tienen todos los distritos de la República desde la sanción de la Ley 26.206, con excepción de esta provincia y la ciudad de Buenos Aires.
A diferencia de intentos anteriores, esta vez la legislatura intentará consensuar un proyecto entre los numerosos presentados en los últimos años, con los diferentes actores de la Educación provincial, según se afirma oficialmente. Tras tener dictamen favorable en la Comisión de Educación que preside la socialista de la alianza oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, Gisel Mahmud, la iniciativa fue aprobada por la Cámara baja el jueves último y pasará ahora al Senado provincial.
"Contempla la realización de foros, audiencias, encuentros y espacios de debate en todo el territorio provincial, con la participación de docentes, directivos, estudiantes, asistentes escolares, familias, universidades, especialistas, organizaciones gremiales, instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y representantes de distintos sectores productivos", informaron desde la Cámara de Diputados provincial.
La participación de los sectores de la comunidad educativa en la elaboración de una ley es un largo reclamo de los gremios docentes, como Amsafé y Sadop (privados), aunque en este caso surgen dudas acerca del verdadero alcance de los debates propuestos oficialmente.
El secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero, considera que la comisión está creada solamente para "legitimar un proyecto que ya está en danza, con algunas mínimas modificaciones", según declaró en una entrevista al sitio Política de Santa Fe.
Para el dirigente sindical, "la Ley de Educación de la provincia de Santa Fe está pensada para darle mayor participación en el sistema de gestión de la educación privada y de la educación estatal a los sectores que responden a los pastores evangélicos que integran la coalición de gobierno encabezada por el diputado Walter Ghione", señaló.
Lucero interpretó la iniciativa como un gesto político hacia uno de los aliados que forman parte de UPCSF, como el titular del sub-bloque UNO, que forma parte del oficialismo. "Esto es un favor que Pullaro le va a hacer a Ghione", aseguró. El objetivo sería abrir una discusión que permita a esos sectores ganar influencia sobre contenidos, estructuras de gestión y espacios de decisión dentro del sistema educativo provincial.
El proyecto 58792 de creación de la comisión llevó la firma de los diputados de la UCR Marcelo Gonzalez, José Corral, Martín Rosúa, Germán Scavuzzo, Dionisio Scarpín, Ximena García, Jimena Senn y Silvana Di Stéfano. Algunos de ellos, como Di Stéfano y González, fueron firmantes de otros proyectos ya presentados que no pasaron el filtro legislativo.
"Estoy convencida de que una ley tan importante no puede escribirse entre cuatro paredes. Tiene que surgir de la participación de todos los sectores que forman parte de la comunidad educativa", señaló Di Stéfano tras la aprobación. Lo cierto es que según la diputada del bloque Frente Renovador, Verónica Baró Graf, el proyecto original restringía sus miembros a representantes del Poder Ejecutivo y legisladores de las Comisiones de Educación de ambas Cámaras.
Baró Graf propuso incorporar un representante por cada organización gremial de trabajadores docentes y no docentes con participación paritaria, un referente de la Federación de Cooperadoras Escolares, representantes de escuelas públicas de gestión privada y estatal, y un representante de los centros de estudiantes, tal como finalmente salió aprobado.
Según afirmó luego la presidenta de la Comisión de Educación, Mahmud, el debate por la ley recorrerá todo el territorio provincial, al menos es la intención declarada. "No queríamos que esta ley se empice a discutirse desde los escritorios sino que pretendemos que esta ley se empiece a escribir en conjunto con todos los actores de la sociedad civil desde el territorio", dijo en una entrevista con El Litoral en la que confirmó la posibilidad de "trabajar" y "mejorar" proyectos ya vigentes.
"El objetivo es promover la construcción colectiva de una ley que refleje las necesidades, desafíos y expectativas de toda la comunidad educativa de Santa Fe", dijo. Mahmud se refirió también al momento actual en el que las políticas de ajuste impactan de modo directo en las estrategias educativas donde se hace necesario dar una respuesta desde una legislación acorde.
"La retracción del Estado nacional en materia educativa, el recorte de políticas púlblicas, presupuestario, el traslado de la responsabilidad a las provincias sin los recursos correspondientes, la idea de la que se empieza a instalar en el país de que tenés que ver vos cómo te educás hacerte cargo de la responsabildad individual de tener educación. Nosotros desde santa fe siempre pensamos distinto, que la educación es un derecho humano, una responsabilidad colectiva, que es una obligación del Estado", señaló.
Mahmud mencionó la reforma de la Constitución provincial de 2025, en la que se incorporó un capítulo dedicado a la educación. En el artículo 37 se establece que el Estado "asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática".
Hasta ahora, Santa Fe se rige por una ley educativa de 1949. Tras la sanción de la Ley de Educación Nacional, en 2006, las provincias fueron sancionando sus propias normativas en consonancia con la norma federal, con excepción de Santa Fe -a pesar de varios proyectos e intentos- y la ciudad de Buenos Aires, que se rige con el articulado de la Constitución porteña y los Estatutos docentes.
