Los diversos gremios de las universidades públicas del país continuaron esta semana en plan de reclamo al gobierno nacional para que dé cumplimiento a la Ley de Financiamiento que se niega a aplicar, a pesar de la ratificación legislativa y de dos fallos judiciales que lo exigen.
Las actividades obraron también como respuesta la "intimación" del ministerio de Capital Humano a los rectores de las Universidades Nacionales para que "informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.
Los gremios docentes y no docentes habían conovocado para esta semana paros totales de actividades y la preparación de la marcha federal universitaria cuya fecha quedó fijada el 12 de mayo próximo.
"La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos", señaló la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
Una de las actividades que se destacaron este miércoles, acompañando un paro total de docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue una clase pública callejera frente al domicilio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el día en que debía presentarse ante el Congreso de la Nación.
"Visibilizamos la situación crítica del sistema: salarios destruidos, ahogo presupuestario y 190 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", señaló el Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) en el marco de su actividad denominada “Definime conocer”, en una alusión irónica a la forma de expresarse de la contadora de Adorni.
RESPUESTA DEL CIN
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y emitió este martes un comunicado de respuesta a la intimación de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano de la Nación sobre el requerimiento de informar las medidas adoptadas "para garantizar la continuidad pedagógica, el derecho de enseñar y aprender y las acciones desarrolladas frente a las medidas de fuerza impulsadas por los sectores docente y nodocente".
El CIN afirmó que las universidades "permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional, garantizando -en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias- el desarrollo de actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, así como el sostenimiento del derecho social a la educación superior pública".
Por otro lado puntualizó que "toda consideración seria sobre la situación actual del sistema universitario exige reconocer el contexto estructural que lo atraviesa". En este contexto se enmarca "el flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, expresión de uno de los consensos democráticos más amplios alcanzados por el Congreso de la Nación en materia educativa".
"Dicha norma no solo fue aprobada por mayorías contundentes, sino también ratificada por amplísimos acuerdos parlamentarios, incluyendo mayorías calificadas de dos tercios, constituyendo una manifestación institucional inequívoca de la voluntad soberana del Poder Legislativo".
El CIN criticó que "desconocer o incumplir una ley de semejante legitimidad democrática no constituye un dato menor ni una mera controversia administrativa: implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes y coloca a las universidades nacionales en una situación de severa restricción financiera, salarial y operativa que impacta directamente sobre las condiciones materiales en las cuales debe garantizarse el derecho constitucional a enseñar y aprender".
"Las universidades nacionales no son la causa de esta crisis; son, por el contrario, instituciones que sostienen, con enorme esfuerzo cotidiano de su comunidad, el funcionamiento del sistema aun en un escenario de extrema precariedad como el actual, producto del incumplimiento presupuestario por parte del propio Estado", expuso el organismo.
En representación de las universidades miembros, el CIN rechazó la intimación del gobierno y destacó que esta "no reconoce basamento normativo alguno, para un requerimiento difuso y no fundado en acto administrativo o norma aplicable".
Finalmente, ratificó su "disposición al diálogo institucional, el respeto irrestricto de la Constitución Nacional, de la autonomía universitaria y de las leyes vigentes; así como su convicción de que la defensa de la educación pública exige asumir el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales y presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional".
