El Programa de Becas Estudiantiles, creado mediante la Ley 2917 en 2008, constituye una de las principales políticas socioeducativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el acceso, la permanencia, el reingreso y la promoción de estudiantes del nivel secundario que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Su creación parte de un principio fundamental: el derecho a la educación no puede depender exclusivamente de la existencia de una vacante escolar, sino que requiere políticas concretas que acompañen las trayectorias educativas de quienes enfrentan mayores dificultades económicas y sociales.
Durante los últimos años, el Ministerio de Educación porteño impulsó una serie de modificaciones que alteraron de manera significativa las condiciones de acceso a los beneficios del Programa de Becas.
Presentadas como cambios administrativos o procesos de “modernización”, estas decisiones alteraron progresivamente el funcionamiento del Programa, incorporando nuevas exigencias y eliminando dispositivos que históricamente permitían acercar esta política pública a las y los estudiantes que más la necesitaban.
Ninguna de estas medidas, considerada de manera aislada, supone la eliminación formal del Programa de Becas. Sin embargo, analizadas en conjunto, muestran una misma orientación: el acceso a ese derecho se vuelve cada vez más complejo sus destinatarios.
La digitalización integral del proceso, el desplazamiento de las escuelas de las tareas de acompañamiento y evaluación, la incorporación de nuevos requisitos administrativos, las modificaciones introducidas en torno a la inscripción fuera de término y la falta de información clara sobre su implementación no constituyen hechos aislados. Son decisiones que, acumuladas, transforman la forma en que se accede al programa y terminan generando nuevas barreras para el ejercicio efectivo de un derecho.
Como resultado, el Programa de Becas continúa vigente desde el punto de vista normativo, pero resulta cada vez resulta más difícil acceder a él. Las dificultades ya no están dadas únicamente por los requisitos previstos en la Ley, sino también por un conjunto de condiciones administrativas, tecnológicas y procedimentales que la propia gestión fue incorporando en los últimos meses.
"El acceso al beneficio se vuelve cada vez más complejo para quienes justamente fueron definidos por la Ley 2917 como sus destinatarios"
UNA DIGITALIZACIÓN QUE CREA NUEVAS BARRERAS DE ACCESO
La primera modificación impulsada por el Ministerio de Educación porteño fue la digitalización integral del proceso de inscripción y evaluación. La inscripción, la carga de documentación, las notificaciones y el seguimiento de las solicitudes pasaron a depender exclusivamente de una plataforma digital, eliminando las instancias presenciales de acompañamiento que históricamente formaban parte del programa.
Esta decisión presentada como una modernización del sistema desconoce las condiciones concretas en las que viven miles de estudiantes y sus familias. Una parte importante de la población destinataria de las becas no cuenta con conectividad estable, dispositivos adecuados o herramientas de alfabetización digital suficientes para realizar este tipo de trámites de manera autónoma.
A ello se suma un problema de implementación que agrava aún más la situación. En muchos casos, los teléfonos celulares son los principales, y muchas veces los únicos dispositivos de acceso a internet de las familias. Como consecuencia, tareas indispensables para acceder al beneficio, como completar la inscripción o cargar la documentación respaldatoria, se complican a resultan directamente imposibles.
La digitalización no constituye en sí misma un problema. La dificultad aparece cuando se convierte en la única vía para acceder a una política pública destinada precisamente a quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. En esas condiciones, una herramienta pensada para agilizar la gestión termina funcionando como una nueva barrera de acceso.
"Parte de la población destinataria de las becas no cuenta con conectividad estable, dispositivos adecuados o herramientas suficientes para realizar este tipo de trámites de manera autónoma"
LAS ESCUELAS DEJAN DE SER PARTE DEL PROGRAMA DE BECAS
La digitalización del programa no fue una decisión aislada. Tiempo después, se complementó con otra modificación de enorme impacto: el retiro de las escuelas del proceso de implementación del Programa de Becas Estudiantiles.
A fines de 2025, el Ministerio de Educación de CABA dejó sin efecto la normativa que regulaba el funcionamiento de los Comités de Becas Escolares, eliminando también el rol que durante años desempeñaron las escuelas y los referentes de becas en el asesoramiento, acompañamiento y evaluación de las solicitudes.
Esta decisión trasciende una modificación administrativa ya que los Comités de Becas no constituían una instancia burocrática más, sino el espacio donde la política pública adquiría anclaje territorial. Eran las escuelas las que conocían las trayectorias educativas de sus estudiantes, las condiciones de vida de las familias y las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces no podían acreditarse únicamente mediante documentación.
La participación de las escuelas permitía que esa evaluación no quedara reducida exclusivamente a la documentación presentada, sino que incorporara el conocimiento construido por quienes acompañan cotidianamente las trayectorias escolares.
De esta manera, el programa pasa a depender casi exclusivamente de procedimientos administrativos y validaciones digitales, lo que debilita la capacidad del Estado para reconocer e intervenir sobre situaciones de vulnerabilidad que no siempre pueden expresarse en un formulario o acreditarse mediante un certificado.
"A fines de 2025, el Ministerio de Educación de CABA dejó sin efecto la normativa que regulaba el funcionamiento de los Comités de Becas Escolares"
MÁS REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO
La incorporación de nuevos requisitos administrativos constituye otro de los cambios implementados en el Programa de Becas Estudiantiles. Entre ellos, se estableció la obligatoriedad de acceder al sistema mediante usuario y clave de la plataforma MiBA, trasladando a estudiantes y familias la responsabilidad de gestionar credenciales, validar datos y resolver dificultades técnicas antes incluso de iniciar la inscripción.
El problema es el papel que pasa a ocupar la plataforma en la implementación del programa. La validación automática de información administrativa comienza a reemplazar instancias de evaluación que hasta ese momento contaban con la participación de las escuelas y el análisis de las trayectorias educativas de las y los estudiantes.
Entre los casos más preocupantes, se observan problemas en la verificación de la condición de alumno regular. La plataforma utiliza estados administrativos que no siempre reflejan la situación educativa real de los estudiantes, generando rechazos de solicitudes de beca en casos de jóvenes que continúan asistiendo a la escuela y sosteniendo su trayectoria escolar.
Cuando las decisiones quedan exclusivamente sujetas a la información que arroja un sistema informático, sin instancias de revisión ni intervención de las instituciones educativas, los errores, inconsistencias o categorías administrativas dejan de ser situaciones corregibles y pasan a convertirse en barreras para acceder a un derecho.
De esta manera, el programa deja de apoyarse en una política de acompañamiento de las trayectorias escolares para priorizar mecanismos de validación administrativa que, lejos de facilitar el acceso, terminan restringiéndolo.
"La plataforma utiliza estados administrativos que no siempre reflejan la situación educativa real de los estudiantes, generando rechazos de solicitudes de becas"
EL CAMBIO EN LA INSCRIPCIÓN FUERA DE TÉRMINO
La modificación más reciente introducida por el Ministerio de Educación pone en discusión uno de los mecanismos que históricamente permitieron ampliar el acceso al Programa de Becas Estudiantiles.
La Ley 2917 establece expresamente que, además del período ordinario de inscripción, la autoridad de aplicación puede recibir solicitudes fuera de ese plazo. Esa previsión reconocía una realidad evidente: las condiciones de vida de muchas familias dificultan que todos los trámites puedan realizarse en un momento determinado, por lo que el programa contemplaba una instancia que permitía garantizar el acceso al beneficio aun cuando la inscripción no hubiera podido concretarse en término.
La nueva reglamentación modificó ese criterio. En lugar de mantener la inscripción fuera de término como una instancia de acceso, estableció que las solicitudes presentadas una vez finalizado el período ordinario deberán justificar los motivos por los cuales no se realizó la inscripción oportunamente y acreditar esas circunstancias mediante documentación respaldatoria.
La publicación de esta modificación generó preocupación y cuestionamientos, al punto que su implementación quedó envuelta en un escenario de incertidumbre. Si bien la gestión dio marcha atrás en algunos aspectos luego de los reclamos recibidos, hasta el momento no existe información pública clara sobre cómo se aplicará este nuevo criterio durante el presente ciclo lectivo.
Esta situación resulta especialmente preocupante porque se produce después de un proceso en el que las escuelas dejaron de intervenir en el programa y sin que existieran instancias de información y difusión suficientes para estudiantes y familias. Muchas personas fueron asesoradas durante meses considerando que la inscripción fuera de término continuaba funcionando como en años anteriores y recién cuando comenzó a discutirse la nueva reglamentación tomaron conocimiento de que las condiciones habían cambiado.
Más allá de la forma definitiva que adopte su implementación, la modificación expresa un cambio significativo en la lógica del programa. Allí donde antes existía un mecanismo pensado para ampliar el acceso al derecho, hoy se instala la idea de que quien no logró inscribirse en término debe justificar esa situación para poder ser considerado. Ese desplazamiento no es menor: modifica la relación entre el Estado y los destinatarios de una política pública concebida para garantizar inclusión educativa.
"La Ley 2917 establece expresamente que, además del período ordinario de inscripción, la autoridad de aplicación puede recibir solicitudes fuera de ese plazo"
LOS PRIMEROS EFECTOS DE LAS MODIFICACIONES
Las modificaciones implementadas en el Programa de Becas Estudiantiles durante el último año ya comienzan a reflejarse en el acceso al beneficio. En la primera convocatoria de 2026 se registró un número inusualmente elevado de solicitudes que no obtuvieron una resolución favorable en la evaluación inicial, alcanzando alrededor de 10.000 casos.
Si bien estas situaciones responden a distintas causales, la magnitud del número constituye un primer indicador del impacto que las modificaciones introducidas en el funcionamiento del programa están produciendo sobre las posibilidades de acceso a la beca.
Entre las principales causas se encuentran observaciones vinculadas a la aplicación del artículo 6 de la Ley 2917 y situaciones relacionadas con la condición de regularidad de las y los estudiantes. En este último aspecto, resulta especialmente preocupante que la verificación dependa de validaciones automáticas realizadas a través de los sistemas informáticos del Ministerio, cuyos estados administrativos muchas veces no reflejan la situación educativa real.
A ello se suma que las instancias de reconsideración fueron implementadas durante el receso escolar de invierno, cuando las escuelas permanecían sin actividad y ya no existían los dispositivos institucionales que históricamente acompañaban a estudiantes y familias durante estos procesos. La falta de información clara, la ausencia de acompañamiento y la imposibilidad de resolver situaciones particulares desde las escuelas profundizan las dificultades de acceso y trasladan nuevamente la responsabilidad a quienes solicitan el beneficio.
La cantidad de solicitudes observadas en la primera evaluación constituye una señal de alerta. Los primeros resultados muestran que las modificaciones implementadas no solo cambiaron la forma de gestionar el Programa de Becas Estudiantiles, sino que ya comienzan a producir efectos concretos sobre el acceso efectivo a una política pública destinada a garantizar el derecho a la educación.
"La cantidad de solicitudes observadas en la primera evaluación constituye una señal de alerta"
Las modificaciones implementadas durante el último período contradicen el espíritu de la Ley 2917 que reconoce que la igualdad de oportunidades no se construye únicamente asegurando una vacante escolar, sino también generando las condiciones para que las y los estudiantes puedan sostener sus trayectorias educativas.
La digitalización como única vía de acceso, el retiro de las escuelas del proceso de acompañamiento y evaluación, la incorporación de nuevos requisitos administrativos, las modificaciones introducidas en torno a la inscripción fuera de término y la falta de información clara incrementan las dificultades para acceder a una política pública destinada precisamente a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Donde antes existían dispositivos destinados a acompañar las trayectorias educativas y remover obstáculos para garantizar el acceso a la beca, hoy predominan procedimientos administrativos que trasladan esa responsabilidad a estudiantes y familias.
Las políticas socioeducativas no se sostienen únicamente mediante normas o asignaciones presupuestarias. También requieren dispositivos institucionales capaces de acercar derechos a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Cuando esos dispositivos desaparecen y son reemplazados por mecanismos de validación cada vez más complejos y automatizados, el programa permanece formalmente vigente, pero las posibilidades reales de acceder al beneficio comienzan a reducirse.
