La Comisión de Educación del Senado de la Provincia de Buenos Aires emitió el dictamen favorable al proyecto que establece un marco normativo para las escuelas de gestión social, cooperativa y comunitaria, que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados provincial.
"Este proyecto tiene que ver con que el Estado comience a reconocer que hay un tercer tipo de gestión de la educación, que no es ni privada ni estatal, comenzar a definirlas y a conocer su universo", comentó a Educación Debate la autora del proyecto, la diputada (MC) del Frente de Todos, Lucía Klug.
El proyecto que tras obtener dictamen en la sesión del pasado 23 de junio será tratado en breve por el pleno, establece la creación en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia un área específica para "el acompañamiento y fortalecimiento de los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria de todos los niveles y modalidades" en la que se prevé la conformación del Registro Provincial de escuelas enmarcadas en este tipo de gestión.
Esta dependencia creada por la eventual ley deberá además de la puesta en marcha del registro, promover la articulación de escuelas de gestión social con instituciones privadas y estatales, diseñar e implementar acciones que permitan fortalecer sus experiencias y contribuir a la capacitación docente y a la producción de materiales pedagógicos destinados a estos establecimientos.
De sancionarse la ley, la creación del registro permitirá conocer el universo de escuelas cooperativas que existen en la provincia de Buenos Aires. Este dato es clave ya que de las casi 20 mil escuelas que hay en la provincia, 5.500 están inscriptas como privadas, según datos oficiales de la Dirección de Educación. Los establecimientos educativos de gestión social están dentro de esa nómina, aunque su realidad es bien distinta a la de una escuela privada tradicional.
Como señala la autora del proyecto en sus fundamentos, las escuelas de gestión social y cooperativa "son ámbitos que generan modos de participación social y comunitaria en la gestión de problemáticas y resolución de las necesidades socioeducativas en las comunidades, fomentando formas de hacer solidarias, colectivas y democráticas".
Por eso, dada la función social de estas experiencias, "es necesario contemplar las particularidades de este tipo de gestión, atendiendo sus especificidades, necesidades, derechos y obligaciones como parte del sistema educativo que garantiza la educación como un derecho y una prioridad provincial", fundamentó Klug.
