La diputada provincial y exministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, presentó su renuncia como integrante del comité de exministros de la organización Argentinos por la Educación.
La decisión fue formalizada en una carta fechada el 3 de noviembre de 2026 en Rosario en la que Balagué explicó que su renuncia se debe a una “insalvable discrepancia ética y política” con el posicionamiento asumido por la organización tras el encuentro que mantuvo el día anterior la cúpula de Argentinos por la Educación en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“No puedo convalidar con mi pertenencia un silencio corporativo que elude denunciar el desfinanciamiento estructural. No es aceptable que una organización de la sociedad civil como esta salga de una reunión en Casa Rosada sin pronunciar una sola palabra pública sobre el vaciamiento presupuestario”, escribió Balagué en la carta.
En el texto de la renuncia, calificó como “inadmisible” que un espacio dedicado a la defensa de la educación pública valide de forma institucional una agenda de supuestos “avances” en alfabetización, omitiendo el desfinanciamiento del sistema educativo nacional y universitario.
El Gobierno publicitó la reunión con los representantes de Argentinos por la Educación como un espacio en el que “se ratificó el compromiso de continuar con el Plan de Alfabetización” y sostenerlo hasta 2027.
Justamente ese fue uno de los principales cuestionamientos de Balagué: “Mientras se celebra públicamente el Plan Nacional de Alfabetización frente a las autoridades nacionales, se silencia el hecho de que a ese mismo programa se le recortaron $35.288 millones de pesos, quedando reducido a un imperceptible 0,06% del PBI”, escribió.
También fue terminante al criticar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la caída del salario real docente, que en algunas provincias supera el 30% e incluso el 50% en los últimos tres años y el ahogo presupuestario a las universidades públicas, junto con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.
Además señaló que, según relevamientos técnicos de la propia organización, el gasto nacional en cultura y educación pasará de representar el 1,42% del PBI en 2023 a un 0,79% proyectado para 2027, lo que implica un recorte real del 44%.
