Ante la invitación a debatir el concepto de esencialidad vinculado a la educación hay que advertir que en la misma propuesta hay una especie de trampa semántica. ¿Quién podría sostener que la educación no es algo esencial para  una sociedad? Sin embargo, en las iniciativas legislativas propuestas por los mismos sectores políticos que la desfinanciaron cuando gobernaron, el concepto jurídico de “esencialidad” no tiene, ni por casualidad, un costado pedagógico.

Aclarémoslo de entrada, la supuesta “esencialidad”, que contienen los proyectos del PRO y LLA, son, exclusivamente, herramientas de regulación del conflicto laboral. Por eso se pueden aplicar, indistintamente, al transporte, la educación o la recolección de residuos. Con sólo mirar los registros en video del debate en la comisión de educación se despeja cualquier duda al respecto. 

Aclarado el punto, vayamos a la discusión de lo esencial en educación: la inversión con el objetivo de garantizar el derecho al acceso, permanencia y egreso del sistema educativo así como la progresiva mejora en los niveles de aprendizaje socialmente significativo. 

Primero es necesario desmitificar el discurso decadentista sobre la educación que algunos promueven de buena fe, y otros, para facilitar negocios privados. 

Con la misma rigurosidad del 17 mil por ciento de inflación y el siglo XIX como panacea, Milei dice que Argentina era un país de bárbaros y que en pocas décadas se convirtió en la primera nación del mundo en erradicar el analfabetismo. Si observamos con más precisión los datos históricos, la realidad muestra otra cosa. La Ley 1420, sancionada en 1884, no tuvo grandes logros en sus primeras décadas de vida. Los catastrofistas de la educación podrían haber titulado en un diario en 1905: “Rotundo fracaso de Sarmiento y su ley de educación”. El debate parlamentario de la llamada Ley Lainez lo muestra con claridad. ¿Cuál fue el objetivo de esta iniciativa legal? Dotar al sistema educativo de recursos puestos por el Estado Nacional, para financiar escuelas nacionales en todo el territorio que diera cumplimiento al proyecto de alfabetización. 

Es necesario desmitificar el discurso decadentista sobre la educación que algunos promueven de buena fe, y otros, para facilitar negocios privados. 

El procedimiento que utiliza el gobierno y algunas fundaciones financiadas por grandes empresas respecto a la alfabetización es engañoso. Desde hace varias décadas nuestro país no tiene analfabetismo. En 1980, de acuerdo al Censo, era del 6 por ciento. Los índices actuales indican que es menor al 1 por ciento y se circunscribe a zonas rurales. ¿Cómo hacen Milei y Argentinos x la Educación para decir que la mitad de los niños escolarizados son analfabetos? Primero, aplastan los datos de los que tienen desempeño por debajo del básico en Lengua, alrededor de un 12 por ciento, bajo el rótulo de “analfabeto”, procedimiento que no realiza ninguna estadística educativa en el mundo. Luego le suman a los estudiantes que tienen una comprensión básica de los textos escritos, otro 12 por ciento aproximadamente, según las pruebas Aprender. No es que no entienden, logran entender contenidos básicos, explícitos, en los textos. Concluir con esos datos que“la mitad no entiende lo que lee” o, peor, que “son analfabetos” es una mentira nada inocente. Así como detrás de las Pruebas PISA está la multinacional Pearson vendiendo evaluaciones estandarizadas, detrás del diagnóstico de catástrofe, está la empresa TICMAS que, oh casualidad, vende programas enlatados de lectoescritura. 

Esto no quiere decir que no haya que mejorar fuertemente los aprendizajes y las políticas educativas. Los datos muestran que, desde la recuperación democrática en 1983, nuestro país ha logrado importantes avances en la incorporación de estudiantes a la educación secundaria. Así como a  mitad del siglo XX se incorporó casi la totalidad a la escuela primaria, en el XXI logramos la casi universalidad de la escuela media. Ahora bien, los procesos de inclusión masiva a la escolarización requieren aumentar sistemáticamente la inversión para que también mejore el aprendizaje. Nuestro sistema educativo es más inclusivo que otros de la región pero no logra mejorar sus resultados según las evaluaciones estandarizadas. 

Para ello, se pueden considerar tres propuestas concretas.

1. Universalizar el nivel inicial desde sala de tres: Para mejorar los desempeños en lectoescritura en primaria y secundaria la principal inversión debe ser anterior. Toda la experiencia nacional e internacional indica que estudiantes que tuvieron más años de preescolar tienen mejores trayectorias educativas que los que no tuvieron o tuvieron pocos años. Por eso universalizar el nivel inicial a partir de los tres años es clave para la escolaridad futura. Países desarrollados puestos como ejemplos educativos comprendieron esto hace mucho e, incluso, algunos invierten más en los salarios docentes de los primeros niveles que en el de los niveles avanzados. 
2. Formación docente nacional. Esto no implica comprar recetas cerradas a empresas que lucran con la educación. El sistema formador argentino integrado por universidades e institutos superiores tiene la capacidad y la excelencia para asumir esa tarea de formación situada, obligatoria y en servicio, de la docencia. Se necesita que el Estado Nacional y los estados provinciales, junto a las representaciones de trabajadores de la educación transformen en financiamiento efectivo y programas los acuerdos del Consejo Federal.
3. Políticas concurrentes: Para que se garantice el derecho a la educación deben garantizarse simultánea y concurrentemente otros derechos. La salud, la alimentación, el acceso a bienes culturales, a libros, a conectividad, igualdad digital, transporte, abrigo, vivienda, son indispensables para que el derecho a una educación de calidad no quede en una expresión de deseos o en una aspiración bienpensante. 

La significatividad, el sentido de importancia de la escuela, se empieza a construir fuera de la escuela, en la valoración social que se le otorga a la educación, en la inversión presupuestaria y en el reconocimiento material y simbólico a todos los actores del sistema educativo. 

* Maestro, Secretario General de la CTA y Diputado Nacional