Con miles de estudiantes, docentes y trabajadores movilizados frente al Congreso, la Cámara de Senadores rechazó este jueves por amplia mayoría el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Nº 27.795).
Con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones, la oposición casi en bloque –incluyendo bloques de Unión por la Patria (UxP), Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas y otros– restableció la vigencia de la norma, obligando al Ejecutivo a promulgarla en un plazo de 10 días y garantizar su implementación inmediata.
Esta decisión marca el tercer revés legislativo al gobierno de La Libertad Avanza en un mes, tras los rechazos a los vetos en discapacidad y coparticipación de ATN, y se suma al rechazo previo en Diputados (174 a favor, 62 en contra y 2 abstenciones el 17 de septiembre).
La ley, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y aprobada inicialmente por el Senado el 21 de agosto con 58 votos a favor y 10 en contra, actualiza las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las 60 universidades nacionales, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria, ajustándolas al 1º de enero de 2025 por la inflación acumulada de 2023 (211,4%) y 2024 (117,8%).
Además, establece recomposición salarial retroactiva para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 según el IPC, paritarias trimestrales con aumentos mensuales, y una meta progresiva de inversión educativa al 1,5% del PBI para 2031.
El veto, decretado el 10 de septiembre vía Decreto 647/2025, argumentaba un "desequilibrio fiscal" por un costo estimado de más de un billón de pesos (0,23% del PBI), pero críticos como la ACIJ y el CIN destacan que ignora el desfinanciamiento histórico: el presupuesto 2025 para educación superior cayó un 9% real respecto a 2024 y un 30,4% desde 2023, representando solo el 0,5% del PBI, el nivel más bajo desde 2005.
Discursos que marcaron la sesión: De la vergüenza al "equilibrio social"
El debate, que inició a las 10 hs y se extendió hasta pasadas las 21 hs bajo la presidencia de Victoria Villarruel, fue un desfile de críticas a la "desidia" del Ejecutivo y defensas apasionadas de la educación como "derecho humano y pilar del desarrollo".
El senador radical bonaerense Maximiliano Abad (UCR) abrió con un tono de indignación: "Me da vergüenza decirlo. Llevamos más de un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación". Abad, quien ya había votado en contra del veto en Diputados, enfatizó el "equilibrio social" por sobre el fiscal: "La obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social".
Desde UxP, la catamarqueña Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) fue una de las voces más contundentes: "Es coherente [el gobierno] para negar derechos, para negar salud pública, para negar educación pública. Por eso hoy vamos a insistir en rechazar este veto para garantizar las becas, la recomposición presupuestaria que se perdió en 2024, el financiamiento, los programas de ciencia y tecnología y los de extensión universitaria". Corpacci, miembro informante del proyecto, subrayó: "Consideramos prioritario para el desarrollo de la Argentina este sistema educativo nacional".
El pampeano Pablo Bensusán (Justicialista) elevó el tono moral: "Ya no es un debate fiscal ni contable, sino político y moral. Milei nos quiere llevar a la antinomia de equilibrio fiscal o financiación universitaria, dejando de lado que la educación superior es un derecho humano y una condición imprescindible para el desarrollo de Argentina". Bensusán criticó el ajuste que ha cerrado más de 16.000 Pymes y paralizado la investigación, recordando que el 70% del personal universitario cobra por debajo de la línea de pobreza.
El radical Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires) defendió la gratuidad histórica: "Las universidades y el Garrahan son de las pocas políticas que no son solo destacadas en Argentina, sino en el mundo. Por eso voy a votar a favor de insistir con las leyes". Lousteau cuestionó la omisión oficial: "Milei habla del dólar, del riesgo país, de las LEFI, de todo menos de la salud y la educación".
Desde el oficialismo, el formoseño Ezequiel Atauche (LLA), presidente del bloque, defendió el veto: "El kirchnerismo usa a los niños con fines políticos" –en referencia a la emergencia pediátrica–, y cuestionó el sistema educativo heredado, argumentando que "la educación universitaria pública no está en peligro, aunque cuenta con problemas".
Los 7 votos negativos incluyeron a los 6 de LLA, más el exlibertario Francisco Paoltroni y la proli Carmen Álvarez Rivero; las 4 abstenciones fueron del PRO (María Victoria Huala, Martín Goerling, Alfredo De Ángeli y Álvarez Rivero en uno de los bloques).
Un triunfo de la movilización
La votación coincidió con la tercera gran marcha universitaria de 2025, que reunió miles frente al Congreso desde las 12 hs, con clases públicas y radio abierta bajo la consigna "Nuestro futuro no se veta". En X, la FUBA (@FUBAoficial) celebró: "El Senado rechazó el veto. Ahora el Poder Ejecutivo debe reglamentar e implementar la ley para garantizar la educación pública, no arancelada y de calidad". CONADU (@CONADU_) y ADUBA (@ADUBAArgentina) destacaron la unidad: "FRENAMOS EL VETO. TENEMOS LEY. El futuro lo hacemos entre todos/as".
El rechazo al veto también incluyó la Ley de Emergencia Pediátrica (59 a favor, 7 en contra, 3 abstenciones), enfocada en el Hospital Garrahan. Sin embargo, persiste la incertidumbre: el gobierno podría incumplir como con la Emergencia en Discapacidad, pese a su promulgación parcial vía Decreto 681/2025.
Senadores como Fernando Salino (Convicción Federal) advirtieron: "Si no cumple con la ley, estará cometiendo un delito e incumpliendo los deberes de funcionario público". La oposición ya prepara un proyecto para exigir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, las reasignaciones presupuestarias.
Esta ratificación no solo alivia la crisis –que ha paralizado obras, becas e investigación, con una caída del 5,8% real en gastos educativos en los primeros ocho meses de 2025–, sino que reafirma la universidad pública como "derecho de todas y todos", en palabras de la senadora Juliana Di Tullio (UxP): "La timba de Luis Caputo puede ser la tumba del pueblo argentino". El CIN y gremios como CONADU llaman a la vigilancia: "La lucha continúa hasta la aplicación plena".
