La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que aplicará un plan de emergencia para garantizar su funcionamiento en la actual situación de crisis tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
A su vez confirmó que participará de la nueva Marcha Federal del próximo miércoles 17 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados trate el veto.
Las autoridades de la Universidad y del Consejo Interuniversitario Nacional brindaron el jueves una conferencia de prensa conjunta en la que "advirtieron sobre la gravedad de la situación presupuestaria", comunicó la UBA
En la reunión participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, el presidente del CIN, Oscar Alpa, y el vicepresidente del mismo organismo, Franco Bartolacci. AllÃ, "la UBA anunció un plan de emergencia de restricción de gastos operativos para poder terminar el año", indicaron desde la Universidad.
"La falta de una ley, genera un vacÃo normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente."
“Desde la prórroga del presupuesto 2023, situación que se repite en el presente ejercicio, las Universidades Nacionales de nuestro paÃs vienen atravesando una situación crÃtica y cada vez más incierta. La falta de una ley, genera un vacÃo normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”, señaló Gelpi.
Y agregó: “Que quede claro: cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación cientÃfica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor”.
MARCHA NACIONAL UNIVERSITARIA
— Fedun (@FEDUNArgentina) September 12, 2025
Todos/as al Congreso de la Nación para exigirle a las y los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario.
? Movilización al Congreso de la Nación
?? Miércoles 17 de septiembre
¡NO AL VETO! pic.twitter.com/yQpcnwfloI
El presidente del CIN expuso que “el paÃs atraviesa una situación gravÃsima: desde hace dos años no tiene presupuesto nacional y para las universidades públicas la situación es extrema también porque es a partir del presupuesto que se financia el sistema, la autarquÃa y la autonomÃa universitaria”.
"Necesitamos, con urgencia, que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley y vetar ese veto.”
A su turno, Bartolacci mencionó la preocupación por la situación actual: “TenÃamos la esperanza de que el presidente de la Nación pudiera, en este contexto tan delicado del paÃs, recapacitar y promulgar una ley razonable y responsable que solucionara los problemas urgentes que atraviesa el sistema universitario argentino. Eso no sucedió y necesitamos, con urgencia, que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley y vetar ese veto”, dijo.
Según el comunicado de prensa de la UBA, la crisis presupuestaria de las universidades se ve agravada por la inflación acumulada desde diciembre de 2023, que suma un 250% "mientras los salarios sólo aumentaron un 95%, lo que significó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los trabajadores".
En la función educación, explicó la universidad, "los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caÃda real del 30%. La situación es más crÃtica en salud: hasta agosto, el presupuesto de los Hospitales Universitarios estuvo congelado y la actualización posterior no recompuso el financiamiento, sino que apenas cubrió parte del impacto inflacionario para sostener la atención básica".
La Ley de Financiamiento Universitario aprobada el pasado 21 de agosto prevé la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes según la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
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