Con las firmas de la ministra de Educación de CABA, Mercedes Miguel, y su par de EconomÃa y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó la resolución que dispone la creación del Registro Digital de Asistencia (RDA).
La norma establece que el sistema de control será el “único mecanismo válido para el registro diario del ingreso y egreso a la jornada laboral del personal docente y no docente” que trabaja en los establecimientos educativos dependientes del gobierno porteño.
El Registro Digital de Asistencia tendrá “carácter obligatorio” desde el arranque del inicio del ciclo lectivo 2026 para quienes se desempeñen en el ámbito de la gestión estatal, en los establecimientos que cuenten con los dispositivos electrónicos que leen la huellas digitales.
Los docentes tienen tiempo hasta el 22 de diciembre para registrar sus huellas.
La medida impactará directamente en la liquidación de haberes, ya que el registro se convertirá en un insumo del área de recursos humanos.
En paralelo a la publicación de la resolución, circuló entre los equipos directivos y docentes una carta de la ministra Miguel que indicó que el RDA “reemplazará al libro de firmas en papel en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires”.
La medida impactará directamente en la liquidación de haberes, ya que el registro se convertirá en un insumo del área de recursos humanos.
“Esta polÃtica forma parte de nuestro eje de Transformación Digital para el Aprendizaje, con un objetivo concreto: simplificar tareas administrativas para que ustedes puedan dedicar más tiempo al trabajo pedagógico y al acompañamiento de las trayectorias escolares”.
En la misma lÃnea se expresó el Jefe de Gobierno Jorge Macri a través de sus redes sociales, donde aseguró que la medida tiene como objetivo “modernizar la escuela, simplificar tareas administrativas y que los docentes puedan dedicar más tiempo a lo importante: que los chicos aprendan más y mejor”.
En los meses previos se instalaron máquinas lectoras a modo de prueba en decenas de establecimientos, mientras avanzaba el proceso de registro de huellas digitales de las y los docentes, entre quienes surgieron más dudas que certezas: por ejemplo, no estaba claro si la recolección de datos biométricos estaba a cargo del GCBA o de una o más empresas privadas y, en este último caso, tampoco se informaba detalladamente cuál es el protocolo de protección de las huellas y los datos personales recogidos por agentes externos a la administración estatal.
Desde el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA) aseguraron mediante un comunicado que “velarán por que la implementación del Registro Digital de Asistencia respete plenamente los derechos del personal docente, garantizando que el sistema no resulte invasivo, que se resguarden adecuadamente los datos personales y que ninguna instancia de su aplicación afecte los derechos, la situación laboral ni la remuneración de las y los docentes”.
Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación se limitó en junio, en el inicio de la etapa experimental, a instar al gobierno porteño a “arbitrar medios y recursos para que esta medida no impacte en mayor sobrecarga laboral de los equipos directivos”.
