Una encuesta difundida durante la primera semana de marzo relevó que el 54% de los alumnos argentinos dicen que se distraen en clase con sus teléfonos celulares, una cifra que se ubica entre las más altas de los 80 países en los que se realizó la muestra, durante las pruebas PISA.

Un informe de la UNESCO publicado en 2023 recomendó prohibir los celulares smartphones en las aulas para evitar distracciones e interrupciones en el aprendizaje.

El texto de la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura afirmaba que el sonido de las notificaciones resultaba suficiente para desconcentrar a los estudiantes, y refería a un estudio que señalaba que se puede demorar hasta 20 minutos en volver a centrarse en el aprendizaje.

En su Informe de seguimiento de la educación en el mundo, UNESCO sostuvo que existe una relación negativa entre el uso excesivo de la tecnología y el rendimiento de los estudiantes. "Un poco de tecnología puede servir de apoyo al aprendizaje en algunos contextos, pero no cuando se utiliza en exceso o de forma inadecuada", afirma el organismo.

Una herramienta eficaz

Los teléfonos celulares, a pesar de las restricciones crecientes en algunos sistemas educativos, son herramientas versátiles que pueden enriquecer el aprendizaje cuando se utilizan de manera planificada y supervisada. 

Los dispositivos permiten buscar información en tiempo real. También permiten producir contenido para proyectos audiovisuales, tomar fotos para documentar experimentos científicos o crear presentaciones con aplicaciones como Canva, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico.

También permiten acceder a aplicaciones con cuestionarios interactivos, realizar trabajos y editar textos de manera colaborativa.

No suplantar la conexión humana

Una nota publicada ese mismo año por el Foro Económico Mundial indicó que con la pandemia se produjo una afluencia de tecnología a las aulas, pero advirtió que los dispositivos deben "apoyar, pero nunca suplantar, la conexión humana en la que se basan la enseñanza y el aprendizaje".

“Además de distraer, la tecnología digital puede eliminar el contacto humano y, sin regulación, puede invadir la privacidad y avivar el odio, afirma”, sostiene el informe que además alerta que “pocos países garantizan explícitamente por ley la privacidad de los datos en la educación”. 

Las investigaciones que sustentan el trabajo del Foro Económico Mundial consignaron que “el mayor tiempo frente a la pantalla se ha asociado a un peor bienestar, menos curiosidad, autocontrol y estabilidad emocional, mayor ansiedad y diagnósticos de depresión”.

El organismo reconoce la existencia de una brecha tecnológica que se expresa en el uso de los celulares en el ámbito escolar. “La posesión de teléfonos celulares es desigual en todo el mundo, al igual que el acceso a la tecnología en general, lo que agrava la desigualdad en el aprendizaje”. A esto se suma un dato lapidario: que solo el 40% de las escuelas primarias de todo el mundo tienen acceso a Internet.

Celulares en las escuelas argentinas

En Argentina, la regulación del uso de celulares en el ámbito educativo depende de cada jurisdicción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Ministerio de Educación porteño emitió la Resolución N° 2024-2075, firmada el 7 de agosto de 2024, que definió que en el nivel inicial y primario, los celulares no pueden usarse durante clases ni recreos, quedando su portación bajo responsabilidad de las familias. Para actividades tecnológicas se deben utilizar dispositivos brindados por las instituciones.

En secundaria, deben permanecer guardados salvo en actividades pedagógicas planificadas por docentes. Cada escuela define sanciones por incumplimiento, como retener los dispositivos hasta el final de la jornada, y se exceptúan casos de estudiantes con necesidades específicas. 

En la provincia de Buenos Aires la regulación es por el momento más flexible. La Resolución N° 1728/06 prohibía los celulares, pero fue derogada en 2016 por la Resolución N° 778/2016, que habilitó su uso como recurso pedagógico dentro de los proyectos institucionales.

Mendoza adoptó un enfoque opuesto. En febrero de 2025, el Senado provincial sancionó un proyecto que autoriza el uso de celulares en las aulas como herramientas pedagógicas. Resta la aprobación en Diputados. En esa provincia cuyana, una encuesta de la Dirección General de Escuelas (DGE) a 2.261 docentes, 10.405 estudiantes y 7.018 familias mostró que el 56,4% de los docentes y el 67,5% de las familias ven valor educativo en los celulares, siempre que se regule su uso.

En Salta, la Cámara de Diputados dio media sanción en agosto de 2024 a un proyecto para prohibir los celulares en primarias y secundarias durante clases, salvo en actividades pedagógicas supervisadas o emergencias. La iniciativa, permite almacenar los dispositivos en lugares designados y promueve programas de concientización. 

En Catamarca se presentó un proyecto para restringir los celulares en las aulas pero no fue aprobado todavía. Las escuelas públicas aplican prohibiciones parciales durante clases, pero al no haber una ley provincial unificada, la regulación queda a criterio de cada institución.

Córdoba, Santa Fe y Tucumán no cuentan con normativa específica y son los colegios los que deciden de manera autónoma. Así, algunas escuelas prohíben su uso, mientras otras lo permiten con fines educativos

Experiencias en otros países

En Uruguay, la regulación del uso de celulares en el ámbito educativo no está definida por una ley nacional, aunque hay proyectos que esperan ser tratados en el Congreso. El país cuenta con un sistema educativo que históricamente apostó por la integración tecnológica a través de políticas como el Plan Ceibal, que desde 2007 distribuye dispositivos a estudiantes.

En la práctica, muchos colegios y liceos uruguayos implementan sus propias reglas. Por ejemplo, un artículo del diario El Observador (5 de marzo de 2025) describió cómo algunos colegios prohíben los celulares en primaria. 

Algunos liceos permiten el uso de celulares en momentos específicos, como recreos, mientras que otros los restringen y exigen que permanezcan silenciados en mochilas durante las actividades curriculares. El país tiene una tradición de innovación tecnológica: el Plan Ceibal, aunque no mejoró directamente los aprendizajes en lectura y matemáticas según evaluaciones citadas por la UNESCO, ha sido un modelo de acceso digital. Esta dualidad —tecnología como herramienta versus riesgo— explica la cautela en adoptar prohibiciones tajantes.

El Observador citó al uruguayo Matías Dodel, un sociólogo especializado en tecnología, que sugirió que “en lugar de cercar el acceso, se debería enseñar a los estudiantes a nadar en el mundo digital”.

Al otro lado del Atlántico

Italia mostró cambios en la regulación del uso de celulares en el ámbito educativo, con un enfoque cada vez más restrictivo basado en preocupaciones sobre el impacto de estos dispositivos en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. 

Hasta 2022, no existía una prohibición nacional estricta y la decisión sobre permitir o restringir su uso recaía en los directores de cada institución educativa. Sin embargo, el Ministerio de Educación ya había desaconsejado su uso recreativo. Una circular de 2011 permitía el uso de teléfonos únicamente durante los recreos, dejando el resto a la discreción de los centros escolares.

En diciembre de ese año el entonces ministro de Educación, Giuseppe Valditara, prohibió el uso de celulares durante las clases en escuelas primarias y secundarias para “combatir la distracción de los estudiantes y restaurar el respeto hacia los docentes”. No obstante, se permitió su uso con fines educativos, siempre que contara con la autorización del docente. 

En julio de 2024, el Ministerio de Educación italiano dio un paso más allá. Valditara anunció que la prohibición sería total, incluso para fines educativos. 

Países como Francia (prohibición desde 2018) y Finlandia han adoptado enfoques restrictivos similares, mientras que otros, como Australia, prefieren programas de educación digital en lugar de vetos absolutos.

En España no hay ley nacional única que prohíba explícitamente los celulares en las escuelas por lo que las competencias educativas descentralizadas de las comunidades autónomas permiten un mosaico de normativas que, en general, tienden a limitar su uso. 

El 25 de enero de 2024, el Consejo Escolar del Estado aprobó por unanimidad una propuesta para prohibir los celulares en Educación Infantil y Primaria, salvo excepciones justificadas (como motivos de salud), y limitar su uso en Secundaria exclusivamente a fines pedagógicos bajo supervisión docente. Esta recomendación no tiene carácter vinculante, pero marcó un punto de inflexión al instar a las comunidades autónomas a adoptar regulaciones más estrictas.