Las universidades públicas argentinas atraviesan una de las crisis más severas de las últimas décadas, con un presupuesto que alcanzó su nivel más bajo en 20 años y una situación salarial que desató una ola de renuncias docentes.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las universidades públicas del país, advirtió esta semana que el inicio del segundo cuatrimestre de 2025 está en riesgo si no se revierte el desfinanciamiento impulsado por las políticas del gobierno de Javier Milei.
Según un informe reciente del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), el presupuesto universitario para 2025 cayó al 0,5% del PBI, el nivel más bajo desde 2005.
La inversión por estudiante, clave para medir la calidad educativa, es la más baja desde 2005.
En términos reales, los recursos asignados al sector retrocedieron un 22,1% en 2024 y se espera una caída adicional del 8,6% este año. La inversión por estudiante, clave para medir la calidad educativa, es la más baja desde 2005, situándose en $2,1 millones, un 53% menos que el promedio de $4 millones registrado entre 2010 y 2023, ajustado por inflación.
El impacto de esta crisis no se limita a las finanzas. Los salarios docentes y no docentes perdieron un 35% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, según datos oficiales.
En la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), por ejemplo, el rector Oscar Alpa señaló que la institución enfrenta dificultades para cubrir gastos básicos de funcionamiento, pagar becas y mantener obras de infraestructura. “El sistema universitario está en una situación crítica. Sin recursos, no podemos garantizar la continuidad académica”, afirmó Alpa.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR) también reflejó el drama. Su rector, Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, subrayó que la crisis “no solo es presupuestaria, sino que pone en discusión el rol de la universidad pública en el desarrollo del país”.
El presupuesto para ciencia y tecnología en las universidades se redujo un 87,5%.
Desde 2023, el presupuesto para ciencia y tecnología en las universidades se redujo un 87,5%, afectando programas de investigación, extensión universitaria y hospitales como el de Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El éxodo docente es otra consecuencia alarmante. Aunque el Ministerio de Capital Humano niega que haya una renuncia masiva de 10.000 profesores, como denunció el CIN, datos de universidades específicas confirman la tendencia. En la Universidad Nacional del Litoral (UNL), 151 docentes renunciaron entre enero de 2024 y mayo de 2025, mientras que en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se reportaron 131 bajas en el mismo período.
“Los salarios son tan bajos que muchos docentes no pueden ni pagar el transporte”, señaló un comunicado del CIN.
El gobierno, por su parte, sostiene que no hay un recorte significativo. En un comunicado del 8 de julio, el Ministerio de Capital Humano afirmó que la planta docente creció de 196.060 cargos en octubre de 2023 a 198.988 en mayo de 2025, y que el presupuesto de 2023 se ejecutó con normalidad. Sin embargo, estas cifras no contemplan la inflación acumulada, que supera el 270% en el período, según la diputada Natalia Sarapura.
En el Congreso, la oposición logró un dictamen de mayoría el 8 de julio para un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que busca actualizar partidas presupuestarias y salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La iniciativa, respaldada por el CIN, propone un fondo anual de $10 mil millones para carreras estratégicas, como inteligencia artificial, y un incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031. Sin embargo, el gobierno amenaza con vetar la ley, como hizo en 2024, lo que ha generado tensiones con la comunidad educativa.
La crisis también afecta a los estudiantes. Las Becas Manuel Belgrano, destinadas a jóvenes de bajos ingresos, ofrecen un monto mensual de $81.685, insuficiente para cubrir necesidades básicas en un contexto de inflación galopante. “Muchos estudiantes deben trabajar, lo que retrasa o impide sus estudios”, denunció el CIN.
“La universidad pública es un faro de excelencia, como lo demuestra el ranking QS 2025."
La comunidad universitaria no se queda de brazos cruzados. Movilizaciones como la Marcha de las Antorchas en Santa Fe y la jornada federal del 26 de junio muestran la resistencia del sector. “La universidad pública es un faro de excelencia, como lo demuestra el ranking QS 2025, que posicionó a la UBA entre las 100 mejores del mundo. Pero sin financiamiento, ese prestigio está en riesgo”, alertó un representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Mientras el debate legislativo avanza, la pregunta que resuena en los pasillos universitarios es clara: ¿cuánto más puede resistir el sistema educativo público antes de colapsar? La respuesta dependerá de las decisiones políticas de las próximas semanas, en un país donde la educación superior sigue siendo un pilar de movilidad social y desarrollo.
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