La Universidad de Buenos Aires informó que iniciará acciones judiciales para que "el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, y asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes", informaron desde la universidad.
La decisión está en sintonia con lo resuelto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que en reunión extraordinaria acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La resolución de la UBA fue aprobada por decisión unánime de su Consejo Superior, reunido el miércoles, con el objeto de iniciar las acciones judiciales pertinentes para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional. “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, advirtió.
"Si bien el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley, suspendió su aplicación, hasta tanto el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la misma. En este marco, el Consejo Superior de la UBA consideró tomar medidas al respecto a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”, declaró la UBA en un comunicado.
Según los fundamentos de la resolución “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artÃculo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación. Asimismo, implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
El Consejo señaló que sistema universitario, y la UBA en particular, enfrentan una crisis presupuestaria "sin precedentes". En ese sentido, las prórrogas del año 2023 "quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%. A lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida".
La Ley aprobada por el Congreso, e insistida por ambas cámaras tras el veto presidencial, "tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes", indicó el Consejo de la UBA.
