La puesta en funcionamiento de un botón en la página web del área de Educación de Mendoza para que las familias denuncien las inasistencias de las y los docentes genera debate dentro y fuera de la provincia cuyana.
La medida dispuesta por el gobierno de Alfredo Cornejo resulta un disparador interesante para pensar cuál es el rol que algunos gobiernos pretenden asignar a las comunidades educativas.
En los últimos años surgieron propuestas en torno al sistema educativo argentino mediante las que se invita a estudiantes y sus familias a vigilar, denunciar y ayudar a castigar a quienes aborden temas polÃticos en las aulas. En el caso de Mendoza, lo que surge es el intento de asignar funciones de control administrativo y convertir a madres y padres en algo asà como “asistentes ad honorem" del área de recursos humanos.
El botón de la polémica
A principios de octubre, la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza implementó una medida que se difundió en medios de comunicación de todo el paÃs. El gobierno provincial instaló un botón digital en la plataforma Gestión Educativa Integral (GEI) que permite a padres y estudiantes reportar inasistencias docentes en tiempo real.
En declaraciones periodÃsticas, las autoridades provinciales argumentaron que se trata de una medida que busca optimizar la gestión educativa al vincular la asistencia con Ãtems salariales como el "aula" y el "arraigo", que las y los docentes cobran en el distrito si cumplen con determinados parámetros.
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) consideró que la decisión fomenta la desconfianza y estigmatiza a los docentes, muchos de los cuales enfrentan condiciones laborales precarias. “Quieren enemistarnos con la comunidad. Ya existen mecanismos internos para controlar el ausentismo, es innecesario que lo hagan los padres”, declaró Carina Sedano, titular del sindicato docente.
Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Mendoza, indicaron que se trata de “una medida ilegal que desdibuja la función de la escuela”.
El análisis de la medida permite concluir con cierta facilidad que, lejos de constituir una herramienta de control al servicio de la calidad educativa, se trata de un instrumento de delación listo para ser usado sin contar con información relativa al motivo de la ausencia que se denuncia.
AsÃ, la madre o el padre que accede al sistema, no necesita más que un dedo para hacer click sobre el botón de asistencias, sin contar con información adicional acerca de la pertinencia o justificación de la falta que reporta. Y, si bien es cierto que no es responsabilidad de las familias verificar certificados médicos o conocer los estatutos docentes, también es verdad que no es su rol hacer el trabajo administrativo de las escuelas.
Los 0800 canal contra el "adoctrinamiento"
Más allá de lo que pueda pasar en cada escuela, los incentivos gubernamentales para la participación de la comunidad educativa aparecen en los últimos años limitados al pedido de denunciar expresiones polÃticas e ideológicas en el ámbito educativo.
A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei anunció en 2024 la creación de la LÃnea 0800 Convivencia Escolar (0800-222-1197) lista para recibir denuncias de estudiantes, padres y docentes sobre presunto "adoctrinamiento polÃtico-partidario" en las aulas.
La medida fue presentada en abril del año pasado por el vocero presidencial Manuel Adorni y puesta en marcha en junio de 2025 por el Ministerio de Capital Humano.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se refirieron a la lÃnea como un "0800 buchón" y desde el Ministerio que comanda Sandra Pettovello no pudieron mostrar resultados que mostraran con contundencia la existencia de "adoctrinamiento" en las escuelas.
El 0800 Buchón ya tenÃa antecedentes. En 2017, durante la gobernación de MarÃa Eugenia Vidal, se instauró en la provincia de Buenos Aires una lÃnea 0800 para denunciar "intromisión polÃtica" en las escuelas, especialmente durante paros docentes o cuando habÃa actividades y clases que abordaban temas sensibles como la desaparición de Santiago Maldonado.
SUTEBA denunció entonces la utilización del 0800 para perseguir a docentes sindicalizados y generar un clima de miedo en las aulas.
En Chubut, en septiembre de 2018, dos maestras fueron apartadas de sus cargos tras denuncias de padres por supuesto "adoctrinamiento". Una de ellas habÃa planteado en clase el rol de la GendarmerÃa en el caso Maldonado y otra habÃa defendido la interrupción voluntaria del embarazo. Hubo sumarios administrativos y los sindicatos locales acusaron a las autoridades de censurar la libertad de cátedra.
En RÃo Negro, en abril de 2025, el legislador del PRO Juan MartÃn denunció a dos docentes de la Escuela 43 Rodolfo Walsh en General Roca por "manipulación ideológica" y pidió una lÃnea anónima para familias y un informe oficial. La Unión de Trabajadores de la Educación rionegrina (UNTER) calificó la acción como "hostigamiento".
Una polÃtica oscurantista y sostenida
Las lÃneas telefónicas y canales de denuncia impulsados por el Gobierno nacional y los de otras jurisdicciones para cuestionar que se hable de polÃtica en aulas o para atacar los contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) considerados "ideológicos", siguen activas, o por lo menos no se comunicó su cierre.
El 0800 de Pettovello forma parte del dispositivo para socavar la ESI. Mediante el Decreto 1086/24 cuestiona los contenidos por estar supuestamente impregnados con "ideologÃa de género". El peligro a denunciar se compone por contenidos con lenguaje inclusivo o enfoques "politizados", materiales con lenguaje inclusivo o temas de diversidad sexual.
En el camino, en enero de 2025, la gestión Milei eliminó materiales del portal Educ.ar por "promover adoctrinamiento" y usó como ejemplo textos con lenguaje inclusivo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri, hizo lo mismo, llegando a borrar de sus servidores la canción “Hay secretos”, del grupo santafesino Canticuénticos, reconocida por su eficacia para detectar casos de abusos a niños y niñas.
Los gobiernos de Cambiemos y La Libertad Avanza apelaron a la “vigilancia ciudadana” para controlar las aulas, ya sea por motivos ideológicos o administrativos y las acusaciones de "adoctrinamiento" que se basan mayoritariamente en interpretaciones subjetivas y sin sustento. De 50 denuncias nacionales en 2024, sólo cuatro prosperaron, según datos oficiales.
Mientras tanto, el concepto “comunidad educativa” se desdibuja y las familias sólo encuentran lugar para convertirse en denunciantes o asistentes administrativos sin salario.
