A través de un decreto que lleva las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Gobierno promulgó la ley de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.
Sin embargo, en los considerandos del decreto 759/2025 indicó que la ejecución de la ley quedará suspendida “hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".
La redacción del decreto 759 incluye un párrafo en el que se indica que "al analizar la Ley N° 27.795, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha sostenido que '(…) no puede decirse que el Proyecto de Ley prevea en forma expresa el financiamiento de los gastos que autoriza o dispone. Esta circunstancia da lugar, como se dijo, a que, por imperio de lo previsto en el artículo 5.° de la Ley N.° 24.629, se suspenda su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional'”.
La misma suerte corre para la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, conocida como "Ley Garrahan", cuya aplicación quedó postergada con los mismos argumentos a través del decreto 759/2025. Tal como había hecho con la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Ejecutivo le reclamó al Congreso que defina las fuentes de financiación de ambas leyes para postergar su entrada en vigor.
La ley de Financiamiento Universitario busca actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024.
Además ordena implementar actualizaciones bimestrales, basadas en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 50 por ciento, la variación del tipo de cambio, del 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos, también del 25 por ciento.
Más sobre este tema:
